¿Es constitucional ampliar el periodo de alcaldes y gobernadores actuales?

La propuesta de ampliar el actual periodo de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados hasta 2022, que ya avanzó en primer debate en la Cámara de Representantes, no fue bien recibida por varios sectores políticos que consideran, por distintas razones, que es inconstitucional.

El principal argumento, advierten, es que las autoridades locales y regionales fueron elegidas por voto popular para un periodo de cuatro años. También dicen que el plan de desarrollo aprobado tiene vigencia por ese mismo lapso y que la Registraduría Nacional colapsaría si se llevan a cabo el mismo día todas las elecciones.

El exmagistrado Armando Novoa, quien durante los últimos cuatro años estuvo en el Consejo Nacional Electoral, sostiene que el proyecto de Acto Legislativo que fue presentado por la Federación de Municipios y contó con 22 votos a favor y 6 en contra en el conteo del pasado martes, es completamente inconstitucional.

Según él, se trata de un “golpe de mano a la democracia local y la negación del principio participativo. Un acto legislativo no puede cambiar un periodo institucional en curso”.

Novoa explica que mediante un acto legislativo se podría ampliar el periodo de los futuros mandatarios, no de los actuales; aún así, generaría un traumatismo grave al equilibrio de poderes de la Constitución de 91.

Mientras, el analista político Santiago Londoño dice que la decisión es inconveniente porque alinear los comicios nacionales con los regionales y locales desfigura las discusiones territoriales y las pone en lógica de maquinarias.

A su juicio, “algunos dirigentes y partidos con participación nacional quieren tomarse además las territoriales”, por lo que calificó la decisión tomada en el primero de ocho debates de “inaceptable”.

“Si lo que se quiere es buscar una mayor coordinación y articulación en los diferentes niveles, se puede lograr sin manipular periodos y sin supeditar la discusión territorial a los poderes nacionales. Hay temas de competencias y temas de herramientas de planeación”, agregó.

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Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry no es constitucional extender el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores por violación al principio democrático.

Sin embargo, dice que la sincronización de periodos sí sería constitucional, pero la fórmula de transición extendiendo el periodo, no. “Imagínese que, en lugar de extender periodos de alcaldes y gobernadores, se extendiera el periodo del Presidente de la República por dos años”.

Gustavo Zafra, conjuez de la Corte Constitucional, recordó que el 19 de abril de 1970 el sistema democrático del país casi colapsa porque todas las elecciones se hicieron el mismo día.

Asegura que la constituyente separó los periodos para fortalecer los distritos y departamentos, evitando que los comicios se volvieran el premio seco de la elección presidencial y de Congreso. Para él, “unificar los periodos no hace una a democracia seria”.

Entre tanto, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, considera que el proyecto es “un adefesio peligroso”, porque unificar periodos o elecciones es el “sueño dorado clientelista: por el mismo tamal y compra de votos pone desde concejal hasta Presidente y borra los procesos municipales”.

La mandataria del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se mostró en desacuerdo con la ampliación del periodo de los actuales alcaldes y gobernadores.

“Uno llegó aquí para cuatro años, lo eligieron para cuatro años, tenemos un Plan de Desarrollo para cuatro años, ya el próximo año estamos cumpliendo nuestro Plan de Desarrollo”, expresó.

Sin embargo, la Gobernadora consideró que la unificación del periodo de los mandatarios locales y regionales con el del Presidente de la República tiene ventajas, “por ejemplo, que el Plan de Desarrollo con el Gobierno Nacional sería mucho más articulado. El que podamos lograr que no haya tantos recursos que se utilicen para las elecciones, que además son elecciones cada dos años, y son dos años en los cuales tenemos Ley de Garantías”.

No obstante, la Mandataria vallecaucana se mostró respetuosa de la decisión que se tome en el Congreso de la República.

Que los integrantes de las corporaciones de elección popular puedan cambiar de partido sin renunciar al que pertenecían cuando fueron elegidos y que la quinta parte del presupuesto nacional de inversión pueda ser direccionado por los congresistas son dos aspectos que hacen parte de la ponencia que se llevará al segundo debate de la reforma política.

Según el documento, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo se autoriza “por una sola vez” a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul antes de aprobado este proyecto, “para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a su curul o incurrir en doble militancia”.

El proyecto buscaría también que “por una sola vez”, con la firma de al menos el 25 % de los miembros de una bancada de Senado o Cámara, se pueda conformar un nuevo partido político.

Pese a que la iniciativa fue presentada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, analistas ya hablan de la conveniencia del proyecto para La U y algunos conservadores.

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