“Nombramiento de Mancuso es una bofetada a las víctimas”: Siguen las voces de rechazo tras designación de exparamilitar como gestor de paz

“Es impactante que a una persona que tiene 75 mil delitos imputados y procesos pendientes ante la ley, se le otorguen beneficios extraordinarios. Su disposición de “aportarles a sus víctimas” es tan solo un “podría” en un sinnúmero de solicitudes de familiares. Parece más bien un intento de flexibilizar la JEP para ser juzgado desde ahí -que le da oportunidad política- y no por la justicia ordinaria”.

Así consideró la politóloga Nury Astrid Gómez que el otrora comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, sea nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, noticia que ha generado rechazo entre las víctimas a manos de esa organización criminal.

“Es un insulto para mí lo que él está haciendo, teniendo en cuenta que soy víctima de desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, tortura, tanto física como psicológica. Y fue por Mancuso o sus trabajadores”, dijo Cleiner Almanza, defensora de derechos humanos y desplazada de la vereda La Reforma en los Montes de María, en diálogo con Caracol Noticias.

Al respecto, el analista político John Mario González señaló que “el nombramiento de Mancuso tendría sentido si fuera en el marco de un proceso de paz viable y con objetivos claros. En ese caso tendría posibilidades de que contribuyera a los objetivos de no repetición, esclarecimiento y para invitar a otros grupos criminales a sumarse a la ‘paz total’”.

Sin embargo, mencionó que “en el actual contexto de un proceso de paz sin pies ni cabeza, se corre el riesgo no solo de que Mancuso se convierta en un instrumento para golpear políticamente al expresidente (Álvaro) Uribe, sino también en una bofetada para las víctimas del conflicto”.

Aunque aún no se conoce cuál sería el decreto con el que el Gobierno oficialice la designación del exjefe paramilitar como gestor de paz y bajo qué condiciones se firmaría, esa figura ya ha sido reconocida por otras Administraciones como las de Uribe y Juan Manuel Santos.

En ese sentido, un gestor de paz es un miembro o exmiembro de un grupo armado que está investigado o condenado por acciones perpetradas como parte de esa organización ilegal. Para él, según la norma, el Ejecutivo podrá solicitar la suspensión condicional de su pena, su orden de captura o su medida de aseguramiento, con el fin de “propiciar acuerdos humanitarios”.

Sin embargo, ayer la revista Semana pudo conocer que el Tribunal de Justicia y Paz negó la posibilidad de suspender las órdenes de captura con fines de extradición que corren en contra del exparamilitar y compulsó copias a un juzgado para que investiguen las actuaciones que ordenaron su libertad.

Además, el Tribunal fue claro en advertir que Mancuso no cumple con los requisitos para que sean suspendidas las órdenes de captura y que, por el contrario, las cuentas que tiene pendientes con la justicia colombiana siguen vigentes. Razón por la que debe responder por sus crímenes.

A su vez, la politóloga Gómez explicó que “en 1997 se firmó la Ley 418 que crea las gestorías de paz, eso sí, siempre y cuando represente agrupaciones con estatus político, pertinencia que no tiene Mancuso. Los casos de alias Karina, Rodrigo Granda y Violeta Arango fueron los primeros pasos para su implementación. A ellos, a pesar de gozar de libertad, no se les suspendió o levantó procesos judiciales”.

“Es decir, no recibieron una amnistía o un indulto y debieron responder con cárcel los delitos imputados. Mancuso próximamente termina de cumplir sentencia en Estados Unidos y no se levantarían las órdenes ni está clara su extradición”, añadió.

Y continúa: “El asunto es, que para ser gestor de paz, no requiere presencia en Colombia y podría ejercer en cualquier país. El aspecto más sensible es la aceptación o no en la JEP, ya que en las condiciones actuales no es posible”.

De hecho, ese tribunal es uno de los caminos por los que Salvatore Mancuso ha adoptado para obtener su libertad, dadas las condiciones que se establecen en su régimen especial.

Hasta el momento, la JEP no se ha pronunciado sobre esa posibilidad, pero el 12 de julio anunció un plazo de quince días para que Mancuso amplíe la información que dio, en una audiencia pública en mayo.

El detenido debe responder por nombres de empresarios y políticos aliados a las Autodefensas, lugares para encontrar fosas comunes, hornos crematorios y acciones que demuestren su rol de “bisagra o punto de conexión” entre la Fuerza Pública y los paramilitares. Luego, se determinará si se acepta su sometimiento a la JEP.