Luego de que se conociera el caso de las tres torres de apartamentos en el barrio Chiminangos de Cali, con un notable deterioro en su infraestructura, el personero distrital, Gerardo Mendoza, interpuso una tutela para que las familias de esas viviendas sean reubicadas.
Serían los residentes de las torres E, F y G del sector 2 del citado barrio, ya que son las unidades que han presentado mayores afectaciones y donde hay elementos externos para tratar de sujetar los muros.
“Esta es una tutela con efectos inter comunis, que pretende salvaguardar la vida, la dignidad y la habitabilidad de las personas que están en esta situación de riesgo. Hay algo importante por destacar y es que con la acción de tutela pretendemos que la gente tenga una reubicación, en virtud a la orden dada por el inspector de Policía No. 5 frente al desalojo preventivo”, explicó el Personero de Cali.
Como se recordará, desde la Alcaldía ordenaron la evacuación de estos edificios ante el riesgo, y se informó que se habilitarían subsidios de vivienda en los casos en los que fuera necesario, pero no se ha conocido más información sobre el proceso.
“Esto nos lleva a que tienen que haber alternativas para trasladar a los habitantes de este sector a un espacio que les brinde condiciones dignas para habitarlo. De esta forma, vamos a trabajar siempre de la mano con la comunidad tratando de encontrar una salida, y esta acción judicial nos va a permitir llegar a ello”, complementó Mendoza.
¿Qué está pasando en esos apartamentos?
Al realizar una inspección a la estructura, la secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, Jocelyn Danna Carrillo, detalló que en el lugar se detectaron grietas, fisuras y desprendimientos estructurales entre placa y columnas que miden entre 20 milímetros y 60 milímetros.
La funcionaria añadió el pasado 8 de mayo que fue iniciado un estudio de vulnerabilidad y de suelos, que es un estudio científico que determina qué se debe hacer y cuál es el paso a paso a seguir. En este caso pueden darse dos caminos: demolición parcial o reforzamiento estructural de las edificaciones, aplicación de la norma NSR10 y otros trámites.
Todo este hecho inició hace más de una década, en 2012, cuando un importante sismo que sacudió a la ciudad generó grietas en las estructuras y, desde entonces, se recomendó a los habitantes de la propiedad realizar estudios de vulnerabilidad, pero nunca se hicieron.
Recién el pasado 17 de marzo, el Gobierno local pudo tener conocimiento de la gravedad del caso, cuando la Secretaría de Gestión del Riesgo recibió una solicitud para realizar una visita de verificación de lesiones en la estructura.