Consumo de sustancias psicoactivas, desacato a la autoridad, riñas son algunas de las conductas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali busca sancionar por medio del trabajo comunitario.
“La idea es que en este mes de marzo se establezca la reglamentación y así a partir de esta, cualquier ciudadano que cometa un comportamiento en contra de la convivencia, además de pagar una multa, va a tener que cumplir unas obras de servicio voluntario para la comunidad”, anunció Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.
De esta manera, las personas que infrinjan el Código Nacional de Seguridad y Convivencia podrían hacer labores como recolección de basuras, mantenimiento del espacio público, acompañamiento a algunas actividades importante para la ciudadanía, entre otras, como aporte a la sociedad caleña.
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“Con esta buscamos que no se comentan más actos en contra de la convivencia y si sucede, deberán aportar y devolverle a la sociedad caleña la afectación a la convivencia que hayan generado”, enfatizó el Secretario.
De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, en el primer mes de 2023 se han acumulado 11.036 órdenes de comparendo en la ciudad registrando un aumento de 48 % respecto al mismo período en 2022 (7456).
Además, durante el año 2022 se impusieron un total de 111.247 órdenes de comparendo. En su mayoría por portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas.
Los jóvenes entre los 18 y 28 años reportan un total de 6382 comparendos impuestos, siendo el rango de edad con mayor cantidad de sanciones en los últimos tres años.
Alberto Sánchez, investigador en seguridad ciudadana, comentó que la idea es bienvenida, pero que le preocupa que en una ciudad como Cali donde hay demasiados comportamientos contrarios a la convivencia, donde no hay la capacidad suficiente de sancionarlos todos y los comparendos que se colocan en su mayoría no se pagan, vaya a funcionar esta estrategia.
Sánchez explicó que no necesariamente el hecho de conmutar el comparendo con trabajo comunitario va a contribuir con la prevención de los comportamientos contrarios que llevan a esa imposición.
“Se ha visto por ejemplo en los comparendos pedagógicos relacionados con el consumo de drogas, que no importa que a usted lo pongan a hacer un curso, vuelven a reincidir en el consumo. Por eso es muy difícil que esta medida únicamente sea lo suficiente como para que las personas no lo vuelva a hacer”, dijo.
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Sin embargo, el investigador en seguridad reconoció que hay casos no tan graves donde la medida de realizar actividades al servicio de la comunidad puede funcionar, siempre y cuando desde entidades correspondientes se haga cumplir la sanción.
“Hemos visto en varios casos que los implicados salen pidiendo perdón y termina redimiendo la sanción, cuando lo que falta en la ciudad es que al romper sistemáticamente las normas esto tenga un efecto sobre las personas, que tengan consecuencias”, enfatizó Sánchez.
Por su parte, Pablo Uribe, experto en seguridad, cree que la medida sería efectiva si ese trabajo comunitario estuviera fuertemente supervisado y estuviera estructurado de tal manera que quienes estén haciendo ese servicio sepan que les están restaurando a la comunidad por el daño que causaron.
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Asimismo, recordó que en administraciones pasadas se implementó la medida de traslado por protección que consiste en llevar por unas horas a las personas que constituyen un peligro para sí mismo y para su entorno a un lugar de reclusión hasta que deje de ser un peligro, como por ejemplo los que estén bajo los efectos del alcohol o las drogas, o quienes estén metidos en una pelea.
“Esto fue muy efectivo, creo que si se implementa servirá para mantener la tranquilidad y el orden público”, explicó el experto.
A propósito
En el Comité Civil de Convivencia también se instaló un subcomité para regular el consumo de sustancias psicoactivas y el licor en el espacio público.
De acuerdo con Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia, se van a actualizar los lugares donde no se pueden consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público.
Esto con el fin evitar que se pierdan estos espacios de esparcimiento y garantizar la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos.
En ese sentido, se realizarán mesas de trabajo interinstitucionales con el fin de sancionar y publicar los correspondientes decretos, en el término de un mes, para así aplicar los correctivos.