La declaratoria de desastre y emergencia le permite al Gobierno Nacional destinar más fondos y recursos para atender la tragedia ocurrida el pasado 12 de enero, en la vía que de Quibdó conduce a Medellín, en donde un deslizamiento de tierra generó un alud que deja 33 personas muertas.
En el decreto se habla de la celeridad para recuperar cuerpos faltantes y de la atención a los familiares de los fallecidos. Asimismo, se lee en el documento que permanecerá en vigor durante un período de 12 meses, al igual que puede ser prorrogado.
“Conforme lo determina el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres procederá a elaborar el Plan de Acción Especifico para el manejo de la situación de desastre, que deberá contener las estrategias para la respuesta, la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, y deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente”, se lee en el decreto emitido.
De esta manera, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elaborará el Plan de Acción Específico para el manejo de la situación. Por su parte, Invias y la ANI deben actuar en la infraestructura vial.
“En el marco de sus funciones legales y reglamentarias, el Ministerio de Transporte, el INVIAS y la Agencia Nacional de Infraestructura, coordinarán lo pertinente y necesario para intervenir las vías afectadas y formularán, estructurarán y ejecutarán, las líneas del PAE con relación al sector transporte”, puntualiza el documento.
Con esto, el Gobierno busca dar celeridad al doloroso proceso que están viviendo decenas de familias en el departamento del Chocó, además de implementar planes de prevención para que esta situación no vuelva a ocurrir.