Tras entablar un diálogo con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Jorge Rojas, anunció que se reunirá con el Ministerio de Hacienda para revisar los recursos disponibles para el mecanismo de justicia transicional.
La noticia llega tras la reciente suspensión de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), comunicada en días anteriores por el presidente norteamericano, Donald Trump.
Este encuentro pretende definir alternativas de financiamiento con el propósito de garantizar la continuidad de los programas de la JEP, cuya labor en la investigación de crímenes del conflicto armado se ha visto afectada por la congelación de recursos internacionales.
En la reunión adelantada por los altos directivos de estas entidades se estableció la necesidad de articular acciones entre sí para asegurar la implementación de “sanciones propias” a los máximos responsables de graves crímenes, así como proyectos restaurativos.
Como parte de los acuerdos, se definió la creación de un comité de impulso que permita un diálogo permanente entre el Tribunal de la Paz de la JEP, el Dapre, la ARN, la Agencia de Renovación del Territorio y el Ministerio de Hacienda.
La JEP advirtió el gran impacto que las investigaciones sobre crímenes del conflicto armado tendrán como consecuencia de la congelación de fondos de USAID.
Se estima que los programas esenciales para esclarecer hechos cometidos por la extinta guerrilla de las FARC y la Fuerza Pública se verían afectados en un estimado de entre $15.000 y $16.000 millones.
Según el magistrado Ramelli, estos recursos han sido fundamentales en la recolección de pruebas y en el acceso a la justicia de las víctimas, en especial de comunidades minoritarias como indígenas, afrodescendientes y campesinas.
“Si uno afecta esos rubros, está afectando el acceso a la justicia, la verdad y los derechos fundamentales de las víctimas”, declaró.
La suspensión de los recursos, que se extenderá por 90 días mientras Estados Unidos revisa su política de cooperación internacional, implica la suspensión de recursos ya ejecutados y de programas en fase de planeación.
A pesar de que el presidente, Gustavo Petro, afirmó que el Estado asumiría el financiamiento de los programas afectados, el compromiso del Gobierno Nacional fue ratificado este martes.
En los próximos días, el Gobierno definirá el monto exacto que se destinará a la JEP tras el análisis presupuestal que se realice con el Ministerio de Hacienda.