Con el registro de cerca de 30 muertes en los últimos días, la masacre de una familia por hombres armados, combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc y personas desplazándose a otros territorios, el miedo y la soledad tienen acorralada a la comunidad en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.
En el municipio ubicado en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela, hay una fuerte disputa entre grupos armados ilegales por el control territorial y el dominio de todas las economías ilegales en el sector, representada mayoritariamente por los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de cocaína.
La intensificación de los combates tuvo como punto más álgido la masacre de Miguel Ángel López, el hombre encargado de recuperar los cuerpos que dejan los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, quien fue asesinado a tiros junto a su esposa Zulay Durán Pacheco y el menor de sus hijos, de 9 meses de edad.
Ante la grave situación de orden público en el Catatumbo, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que quedan suspendidos los diálogos con la guerrilla del ELN. “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, escribió el mandatario a través de su cuenta en la red social X.
A través de un comunicado, Asocomerciantes de Tibú, el gremio que reúne a los propietarios de los diferentes establecimientos en el municipio, explicó que la decisión de cerrar el comercio obedece a la necesidad de “evitar más derramamiento de sangre”.
“Dada la situación de orden público que se vive en este momento y por la seguridad de todos los habitantes, empleados y comerciantes se informa que el día viernes 17 de enero de 2025 no se abrirá al público por seguridad y en una forma cívica de manifestar que queremos la paz del territorio”, señala el codumento.
Agrega que: “Tibú y su gente desde hace muchos años han sufrido el embate de la violencia y no queremos que nuestros hijos tengan que sufrir el miedo de una nueva confrontación armada entre dos organizaciones hermanas que habitan en la región. No queremos más derramamiento de sangre en nuestro Catatumbo”, concluye.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, aseguró que serían alrededor de 30 las personas que han sido asesinadas en esta región del país en medio de los enfrentamientos que protagonizan subversivos del ELN con los hombres de las disidencias de las extintas Farc.
“La situación es crítica sobre la vía, donde salen personas armadas sin identificarse. En ocasiones, estos hechos derivan en amenazas, homicidios, masacres o hurtos de los diferentes vehículos que transitan por la carretera. Es un modo de control, de ejercer presión y mostrar su presencia a través de estas situaciones”, dijo en entrevista con Semana uno de los líderes sociales de la región.
Detalló la fuente que en la zona todo tipo de actividad comercial, incluso los peajes, están sujetas al pago de ‘vacunas’ cuyo cobro es realizado por integrantes a las diferentes organizaciones armadas.