El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, envió una solicitud formal a la Corte Constitucional para que convoque una audiencia pública en el marco del proceso de control de constitucionalidad de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), que establece un nuevo sistema de protección social integral para la vejez.
El alto tribunal está analizando la exequibilidad de la norma y ya se presentó una ponencia negativa, lo que preocupa al Gobierno.
En la misiva dirigida a las magistradas y magistrados de la Corte, el mandatario recordó que varios ciudadanos, desde la academia y organizaciones sociales, han solicitado la convocatoria de esta audiencia. Entre quienes han hecho la petición se encuentran la Universidad de Antioquia y el jurista Rodrigo Uprimny.
“La legitimidad del control de constitucionalidad descansa, en última instancia, sobre la calidad de la deliberación que antecede a las decisiones de la Corte”, afirmó el presidente.
En ese sentido, señaló que una audiencia permitiría no solo fortalecer el análisis jurídico de la Corte, sino también profundizar el debate entre ciudadanos, académicos y sectores sociales sobre una reforma clave para garantizar el derecho a la seguridad social y avanzar hacia un sistema pensional más equitativo y sostenible.
“Acceder a la solicitud de audiencia sobre la reforma pensional no solo le permitirá a la Corte contar con más elementos de juicio para decidir este caso, sino también profundizar la necesaria deliberación de los ciudadanos, la academia y los distintos sectores sociales y políticos, en relación con esta transformadora y necesaria reforma legislativa”, expresó Petro en su misiva.
Por su parte, la Universidad de Antioquia señaló que “Aunque la Corte se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto de las circunstancias que configuran elusión de debate, es la primera vez que aborda el estudio de una acusación de este tipo frente a una ley en cuyo trámite se presentaron evidentes prácticas de obstruccionismo parlamentario, las cuales detallamos en los conceptos presentados en este proceso D-15989 y en el D-16017″.
Asimismo, dejó en claro que la realización de una audiencia como la que solicitan va a permitir que el tribunal guardián de la constitución a que amplíe la deliberación pública sobre la temática de las pensiones, que es algo constitucional y en el estudio de las demandas que hay al respecto.
“La convocatoria de una audiencia pública en este momento permitiría ampliar y elevar el nivel de la deliberación pública no sólo en el presente caso, sino en los demás procesos en curso”, puntualizó la Universidad de Antioquia.
Mientras que el constitucionalista Rodrigo Uprimny señala que quiere la audiencia publica con el fin de “aportar elementos de juicio que le faciliten a la Corte resolver si el invocado en la demanda es un vicio de procedimiento”.
Aunque resalta que hubo irregularidades en el debate de la Cámara de Representantes en el que se aprobó la reforma pensional, el docente de la Universidad Nacional considera necesario el debate, teniendo en cuenta que algunos congresistas de la oposición hicieron estrategias para impedir la aprobación.
“A pesar de su apariencia, una revisión integral del trámite conduce a percibir que en el procedimiento, la minoría opositora desplegó un poderoso arsenal de medidas para obstruir el trámite del proyecto e impedir su deliberación y aprobación. La mayoría obró entonces como lo hizo para evitar que el obstruccionismo socavara ilegítimamente su principal derecho en el proceso legislativo: el de decidir. Dado que esta es una cuestión realmente novedosa en la jurisprudencia, está justificado convocar una audiencia pública para definir las implicaciones del obstruccionismo en el control constitucional”, enfatizó Uprimny.