Este viernes se cumplieron dos años del inicio del Paro Nacional, la capital del Valle del Cauca fue una de las ciudades más afectadas debido a los bloqueos y enfrentamientos entre la Fuerza Pública y manifestantes.
Según la Fiscalía General de la Nación, durante el Paro Nacional, en Colombia se registraron 29 homicidios, cifra que es diferente a la reportada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que afirma que fueron 83 los homicidios relacionados directamente con las movilizaciones.
Según datos de la Fiscalía, 16 de los 29 homicidios cometidos durante las protestas ocurrieron en Cali, mientras que en otros municipios del Valle se presentaron cinco.
Entre las víctimas hay al menos un menor de edad, tres integrantes de la Policía Nacional, uno del CTI y un indígena.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre el 28 de abril y el 15 de julio de 2021, en Colombia se registraron 96 víctimas de violencia ocular, 7 de estas fueron mujeres y 89 hombres.
La Institución también registró 56 casos de afectaciones respiratorias debido a la inhalación de gases lacrimógenos.
Indepaz, también reportó 2053 detenciones arbitrarias de personas que se encontraban en el interior de las protestas en distintas ciudades del país.
Otro delito que también tuvo múltiples reportes en el país fue la violencia sexual, según Amnistía Internacional, se registraron 28 casos en todo el territorio nacional, principalmente en Cali, Palmira, Popayán, Soledad, Tunja, Manizales y Bogotá.
Respecto a la infraestructura, Cali fue la ciudad más afectada de Colombia, pues casi el 90 % de las estaciones del sistema de transporte público MÍO, es decir, 46 de las 55 que funcionaban en aquel entonces, fueron afectadas de alguna manera por parte de los manifestantes, 13 de estas fueron incineradas.
Incluso, dos años después, algunas estaciones como Fray Damián o Santa Rosa no han sido restauradas y son foco de inseguridad dentro de la ciudad.
Respecto al parque automotor, 19 buses del MÍO fueron quemados, según datos de Metrocali. Su restauración duró más de un año y se invirtieron aproximadamente 38.000 millones de pesos.
El País habló con los familiares de algunas víctimas del Paro Nacional para conocer en qué estado se encuentran las investigaciones.
Patrullero Carlos Andrés Rincón
El homicidio del uniformado se dio el 3 de junio de 2021. Rincón fue interceptado en el norte de Cali por siete personas quienes lo intimidaron con armas de fuego y, tras verificar que se trataba de un miembro de la Fuerza Pública, lo golpearon y dejaron en estado de indefensión. Su cuerpo fue arrojado al río Cauca.
Según Leidy Johana Lodoño, esposa del patrullero Andrés Rincón, actualmente el caso está cerrado, las dos personas que estaban implicadas por su supuesto rol en el asesinato, fueron dejadas en libertad gracias al presidente Petro y ahora se desempeñan como Gestores de Paz.
Londoño dijo que se sentía insatisfecha con la decisión de las autoridades y dijo que una de las implicadas, identificada como Carolina Montaño, fue dejada en libertad el 10 de enero por vencimiento de términos. En su momento, el abogado de Montaño aseguró que esto se dio gracias a que no se le pudo comprobar nada y que a su defendida se le “vulneraron sus derechos”.
Fredy Bermúdez, funcionario del CTI
La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Yeison Fabián Muñoz, a quien lo acusan de participar en las agresiones que le causaron la muerte a un funcionario del CTI, en hechos ocurridos el 28 de mayo de 2021, en el sector de La Luna, en Cali.
Según el ente acusador, la evidencia fílmica y el material de prueba obtenidos por la Policía, permitieron establecer que el servidor Fredy Bermúdez Ortiz, fue perseguido y atacado con armas contundentes y cortopunzantes por un grupo superior a 20 hombres. El funcionario fue alcanzado y lanzado al piso, donde quedó herido por la multiplicidad de agresiones que recibió con diferentes elementos.
Sin embargo, El País conoció que la defensa de Yeison Fabián Muñoz logró que la Fiscalía lo dejara en libertad, pues su abogado expuso una serie de pruebas en las que se evidenciaría que el joven no sería el asesino del funcionario del CTI.
“En el video se ve a una persona encapuchada que le pega cuatro patadas a Fredy Bermúdez, tres en el pecho y una en la clavícula. El dictamen de Medicina Legal dice que no recibió lesiones en el pecho, todas fueron en el rostro. Al funcionario le rompieron la nariz y los pómulos, eso generó un sangrado y como la víctima estaba inconsciente y boca arriba, terminó broncoaspirando con su propia sangre. Las personas causantes de estas heridas no fueron identificadas”, explicó el abogado de Muñoz.
Kevin Agudelo
En la noche del 3 de mayo de 2021, la Policía intervino una velatón que se realizaba en el sector de Siloé. Ese día falleció Kevin Agudelo, un joven futbolista de 22 años.
Lina Peláez, abogada que lleva el caso, aseguró que “ese día, según las cifras del Puesto de Mando Unificado de las autoridades, fueron asesinados Kevin y dos jóvenes más. En este momento, la Fiscalía 94 de derechos humanos adelanta el caso y ya vamos para etapa de audiencia preparatoria. Está acusado Edgar Vega, quien era el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali durante los hechos, y Néstor Fabio Mancilla, quien estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes)”
Peláez agregó que la audiencia preparatoria aún no se ha desarrollado. “Las familias han pedido la presencialidad como garantía dentro del proceso, pero hasta ahora la justicia no ha permitido que esto sea armónico y nos han limitado a la virtualidad”.
Nicolás Guerrero
En uno de los eventos de protesta del 2 de mayo de 2021, el joven Nicolás Guerrero recibió un impacto de bala en la cabeza, al parecer, por parte de un uniformado del antiguo Esmad.
Actualmente, el caso sigue en indagación, según la abogada de su familia, Lina Peláez, “la Fiscalía no ha trabajado de forma diligente en el caso ya que está identificada la presencia de la Fuerza Pública a pocos metros de donde Nicolás fue asesinado. Él fue impactado en su cabeza mientras estaba frente a un tanque del Esmad y los testigos afirman que de ahí provino el disparo”.
Andrés Escobar
Andrés Escobar, señalado de disparar contra civiles en Ciudad Jardín, está imputado por los delitos de lanzamiento de objetos o sustancias peligrosas, amenaza y usurpación de función pública.
En su momento, cuando se imputaron los cargos, la Fiscalía retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. A partir de este momento, “no se ha podido realizar la audiencia de formulación de acusación, estamos esperando la realización de esta la cual está programada para este 7 de junio”, aseguró su abogado.