La pandemia y la cuarentena no han frenado el accionar de los grupos armados ilegales en varios municipios del Valle del Cauca, tanto en sus zonas rurales como urbanas.

Ante esto, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, estuvo la semana pasada liderando consejos de seguridad en la región y en medio de estas reuniones anunció un plan de recompensas para quienes denuncien el accionar de grupos armados residuales que han sido detectados, sobre todo, en zona rural de los municipios de Buga, Tuluá, Sevilla y Caicedonia.

La Mandataria señaló que, si bien es cierto, los índices delincuenciales han bajado en los últimos diez años en el departamento, hay hechos puntuales que hay que atacar, sobre todo, en la zona montañosa de estos municipios del centro y norte del Valle del Cauca.

Y es que la preocupación de los alcaldes de estos municipios se centra en el hecho de que en varias zonas de la Cordillera Central están surgiendo grupos armados, al parecer exintegrantes de las Farc, que estarían sembrando zozobra en la región.

Así lo aseguró el alcalde de Caicedonia, Carlos Alberto Orozco, quien dijo que la inseguridad se ha intensificado en la zona montañosa de ese municipio, por lo que se requiere reforzar la presencia de la Fuerza Pública en esa región, “ya que nuestro municipio limita con los departamentos del Quindío y Tolima, corredores de esos grupos armados”.

Human Rights Watch (HRW) dijo que en época de covid, varios grupos al margen de la ley han aprovechado para aumentar su accionar delictivo en el país.

Este mismo fenómeno ha sido denunciado por algunos habitantes de los corregimientos de San Rafael, Puerto Frazadas, Barragán y Santa Lucía, en zona montañosa de Tuluá, en donde se han presentado algunos hechos delictivos como asaltos a fincas y casos de extorsión a ganaderos y agricultores de la región.

Lea también: 'Watson', el investigador inteligente con el que la Fiscalía busca cerrarle el paso al crimen

El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, explicó, entonces, que con la Gobernadora se acordó que los alcaldes serán los encargados de diseñar las recompensas ofrecidas por la Administración Departamental.

“Cada uno de los municipios presentan situaciones diferentes, por eso se priorizará en cada localidad por quién o quiénes se ofrecerá dicha recompensa, así como el proceso de reserva de las personas que brinden la información”, aseveró Gómez.

En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Sevilla, Jorge Palacio, quien acotó que se requiere aumento del pie de fuerza en la zona rural de esa localidad “para garantizarles tranquilidad a los pobladores de veredas y corregimientos”.

Por su parte, el alcalde de Buga, Julián Adolfo Rojas, manifestó que es muy importante que el Gobierno Departamental, conjuntamente con la Policía y el Ejército, diseñen las estrategias necesarias para combatir estos fenómenos que causan la inseguridad en la zona rural y hay veces en la parte urbana de estas poblaciones.

En la reunión también se atendieron las solicitudes de los alcaldes de El Dovio, por la problemática con cultivos ilícitos en el Cañón de Garrapatas, y de San Pedro, por el temor a posibles desplazamientos como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales en municipios cercanos.

Entre tanto, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, anunció operativos especiales desde esta semana en las zonas rurales de estos municipios.

“En compañía del Ejército y la Policía se va a trabajar de forma conjunta para desarticular a estos pequeños grupos armados ilegales y llevar tranquilidad a los habitantes de estas zonas rurales”, finalizó Murcia.

Cabe recordar que hace dos semanas, las autoridades denunciaron el contenido de dos panfletos en los que amenazan de muerte a quienes no cumplan las medidas de aislamiento por la pandemia del covid, los cuales empezaron a circular en El Cerrito y La Unión, y fueron atribuidos a grupos armados ilegales.

Alerta temprana

En un documento interno de la Fiscalía, que se filtró el viernes en medios, se alerta a sus funcionarios por la presencia de grupos residuales en zona montañosa de Tuluá.

La alerta de seguridad advierte al personal del ente investigador a evitar desplazamientos hacia zona rural y sobre las rutas Tuluá – Santa Lucía y Sevilla – Barragán.

El texto, que la Fiscalía dijo no es oficial, indica, sin embargo, que estos grupos cometen estas acciones en una aparente muestra de control territorial y poderío militar, por lo que se recomendó extremar las medidas de seguridad y autoprotección.