La ola de violencia que atraviesa Norte de Santander, en especial la subregión del Catatumbo, mantiene en alerta al país, pues una grave crisis humanitaria ha afectado a miles de ciudadanos ante la confrontación armada entre disidentes del Frente 33 de las Farc y el ELN, en una escalada que ha dejado al menos 80 muertos, cerca de 19.800 desplazados y cientos de personas confinadas por temor a ser alcanzados por las balas.
Los municipios más afectados por la escalada del conflicto son Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Hacarí, Ábrego y San Calixto, donde se han presentado graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario.
Ante estos hechos, el Gobierno Nacional tomó medidas con el fin de proteger a la población civil atrapada en medio de las confrontaciones.
Una de ellas fue la declaración de estado de conmoción interior y la emergencia económica, buscando tener facultades extraordinarias para combatir la amenaza que representa el actuar de los grupos armados.
Además, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que más de 5000 efectivos fueron desplegados en la subregión con el fin de garantizar el control territorial y la seguridad de las comunidades que han sufrido el impacto de estos enfrentamientos.
De la misma manera, más de 600 uniformados de las Fuerzas Especiales están apoyando, entre otras labores, en la evacuación en helicóptero de los afectados que permanecen en confinamiento en esta zona fronteriza con Venezuela.
Sobre el tema, el presidente Gustavo Petro aseguró, a través de su cuenta de X, que “le corresponde al Ejército actual, el Ejército de la Constitución, salvar y proteger a la población del Catatumbo del ELN, su asesino”.
Escalada de la violencia
De acuerdo con cifras preliminares, al menos 80 personas fueron asesinadas entre el jueves pasado y el lunes, además muchos de los cuerpos no han sido evacuados del territorio.
De acuerdo con el consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, un equipo de Medicina Legal y Fiscalía de Bucaramanga está buscando la manera de refrigerar los cadáveres que llegan a sus instalaciones.
Entre las víctimas se encuentran siete firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y el líder social Carmelo Guerrero, de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, acusados de ser colaboradores de las disidencias de las Farc, según el ELN.
“Jugaban a dos bandos. Por un lado, ponían la cara ante la JEP para recibir prebendas, y, por otro, integraban las filas del Frente 33. Prueba de ello son las armas, la logística y la cocaína decomisada en las operaciones contra estos sujetos. Bien conocen los pobladores de la región de las acciones de estos milicianos, pero desconocidas para los funcionarios y los gobernantes que opinan desde las oficinas en Bogotá e ignoran las realidades de la región”, aseguró el ELN, a través de un comunicado.
Ante el inminente peligro, catorce firmantes del Acuerdo de Paz han sido evacuados junto con sus familias hacia zonas seguras, mientras que otros diez permanecen en unidades militares bajo resguardo, informó el Ministro de Defensa.
Otro flagelo que afecta a la población es el desplazamiento forzado. La defensora nacional del Pueblo, Iris Marín, dijo que “estamos ante una de las crisis humanitarias más grandes y graves que ha enfrentado el Catatumbo, si es que esta no es la peor”, pues, según indicó, se están presentando secuestros, amenazas y ataques a civiles que han sido señalados de colaborar con un bando u otro.
De acuerdo con información del brigadier general Erick Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional, hay más de 19.800 personas desplazadas que se han asentado en los cascos urbanos de Ocaña, Cúcuta y Tibú. Además, al menos 800 personas atravesaron el río Catatumbo para refugiarse en Venezuela.
Con el fin de apoyar a los ciudadanos que tuvieron que salir de sus hogares, este lunes fueron entregadas 25 toneladas de ayudas humanitarias a la región entre el Ejército y la Unidad para las Víctimas que, junto con la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Defensa Civil, están atendiendo a quienes están ubicados en albergues.
Denuncian al ELN ante la ONU
En medio de su agenda en Nueva York, para la presentación del informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller Luis Gilberto Murillo informó ayer que denunció al ELN por la violencia registrada los últimos días en el Catatumbo.
El funcionario sostuvo una reunión con el subsecretario general de Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenca, y con el secretario general, António Guterres, donde discutieron la situación de violencia que preocupa al país.
“Denunciamos los actos inaceptables del ELN en el Catatumbo y los crímenes de guerra que allí se cometieron”, aseguró el Canciller.
Tras el encuentro, el Ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el Secretario General de Naciones Unidas recomendó no cerrar la puerta de los diálogos en busca de la paz con el ELN, a pesar de las dificultades que se enfrentan.
“Hablamos sobre salidas a esta situación y hubo un mensaje muy importante del Secretario General de las Naciones Unidas, que aun en medio de las dificultades, no cerremos la puerta de la paz. Y por eso insistimos en que debe haber un cambio de actitud sustancial del ELN, porque lo que ha hecho en el Catatumbo es inaceptable. Vuelvo y reitero, lo condenamos y además de eso, esos crímenes de guerra que han cometido, deben ser motivo de discusión y de conocimiento de la comunidad internacional”, puntualizó Murillo.
Un escenario que no es nuevo
Si bien no hubo un hecho específico que llevara a esta situación de orden público, la masacre de una pareja y su bebé en brazos, el pasado 15 de enero, en Tibú, fue un indicio de la guerra que se acercaba y que, según la jefa negociadora del Gobierno en los diálogos con el ELN, Vera Grabe, fue alertada desde noviembre de 2024.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana de inminencia el pasado 15 de noviembre, donde expresaba que la situación de orden público era tensa ante el conflicto interno entre estos grupos armados y que varias zonas de Norte de Santander estaban en peligro.
De acuerdo con diferentes comunicados de los cabecillas del ELN en la región, los actos delincuenciales buscan que el comandante del Frente 33 de las disidencias de las Farc, alias Richard, se rinda y se entregue.
Además, el comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, ‘Manuel Pérez Martínez’, envió un mensaje a los guerrilleros del Frente 33 para que se entreguen: “Los albergamos y los entregamos a sus familias con la garantía de organismos nacionales e internacionales”.
Ante este anuncio, el presidente Gustavo Petro respondió que ‘Manuel Pérez’ “habla de los otros, pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz, la bandera revolucionaria, porque es la bandera de la vida”.