Petro tiene que entender que ver obrar al sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia no es equivalente a una conspiración en su contra. Es un error que se considere un complot, cualquier decisión que vaya en contravía de sus intenciones y proyectos. El control sobre las actuaciones de un Jefe de Estado o las investigaciones de los organismos constitucionalmente establecidos para adelantarlas, no pueden asimilarse a actos de conspiración.
Para que la justicia funcione se requiere que pueda actuar sin presiones. Se debe dejar que los jueces tomen sus decisiones cumpliendo la Constitución y la ley. Es grave para el futuro de la democracia que se sienten precedentes por parte de la rama del poder ejecutivo en el sentido de no traer consecuencias, ignorar e irrespetar los fallos, tiempos y autonomía de las ramas legislativa y judicial. El poder del Ejecutivo, como el del Legislativo y el del Judicial no es absoluto. El difícil momento que vive el país exige de todos, en especial del jefe del Estado, responsabilidad histórica, mesura y defender sus instituciones.
El deber fundamental de Petro es apoyar y acatar los principios constitucionales y democráticos. El camino para el país no puede ser otro que el de respeto por las instituciones. Ante tantos desafíos que hoy enfrenta Colombia, lo que corresponde es defenderlas. Respetar las decisiones y el papel que cada institución desempeña.
El legado de un gobernante suele basarse mucho más en sus ejecutorias que en sus discursos. Lo que procede es proteger las instituciones y a los pilares básicos sobre los que se levanta el Estado de Derecho. Los enormes retos del país se deben enfrentar con discursos integradores y no profundizando la división.
De otra parte, Petro ha optado por la versión de mandatario radical en sus posiciones y desafiante en un país que debe gobernar para todos, lo que aleja cada vez más las posibilidades de un diálogo nacional que permita generar las reformas que se necesitan, pero sobre la base del consenso y no de la imposición-
El Presidente ha reiterado su deseo de “levantar la bandera del poder constituyente”, sin tramitar las posibles modificaciones a la Constitución a través del Congreso, de lo que se deduce que Petro sigue sin demostrar que se acoge al marco institucional que establece las reglas de juego para cualquier cambio en la Constitución. El uso de expresiones como “amenaza de un golpe blando”, acompañadas de llamados a sus seguidores a salir a las calles a rechazar las decisiones de los entes legítimamente constituidos que no son de su agrado, pueden tener consecuencias graves.
La manera como Petro reacciona es inapropiada, no corresponde a lo que se espera de quien ocupa la Presidencia de la República. Las invitaciones a subvertir el orden constitucional no pueden venir desde quien está llamado a salvaguardar la unidad nacional y la legitimidad de instituciones que han sido estructura del Estado de Derecho. Es en el Jefe de Estado en quien recae la responsabilidad de cumplir la Constitución.
Resulta inaceptable que Petro crea que por el hecho de haber sido elegido presidente, tiene inmunidad total y lo despoja de su responsabilidad de tener que cumplir con la Constitución y las leyes. La obligación superior de acatarla es por excelencia el principio del Estado de derecho. No se puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, que alguien, y mucho menos el presidente, viole la Constitución, la que en su posesión juró cumplir y hacer cumplir.