El reciente anuncio de la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana, sobre el inicio de patrullajes fluviales en el río Cauca a partir de octubre próximo, es una de las mejores noticias que se le ha podido dar recientemente a la región.

Porque el abandono al que ha estado sometida esa importante arteria fluvial no solo se evidencia en la contaminación de sus aguas, sino también en la presencia de grupos al margen de la ley que lo utilizan para realizar allí todo tipo de actividades criminales.

De tiempo atrás, las autoridades han detectado que el río es usado para tráfico de estupefacientes, armas y para la movilización de delincuentes que circulan desde el sur hacia el centro del país, evadiendo los controles militares y policiales en las carreteras.

Pero además, a su paso por la ciudad el río es objeto de múltiples acciones que atentan contra sus delicados ecosistemas. De acuerdo con el diagnóstico hecho por la CVC, las problemáticas más graves son la afectación de la franja forestal protectora del río y la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos en sus riberas.

Se trata de una situación constante, en la que ya hay actores identificados y sitios críticos establecidos. Del 2020 a la fecha la CVC ha adelantado 36 procesos sancionatorios. De ese total, 29 corresponden a la ocupación indebida de la Franja Forestal protectora del río Cauca, otros cinco están relacionados con vertimientos no autorizados al cauce y hay uno más por emisiones atmosféricas.

Es un problema que no solo involucra a Cali, sino también a los municipios de Candelaria, Palmira, Yumbo y Jamundí. Pero la realidad es que, como ya suele ser característico frente a otras situaciones irregulares en Colombia, en estos casos la justicia también brilla por su ineficacia. Y, como consecuencia de ello, quienes incurren en estas conductas sienten que tienen vía libre para seguir cometiéndolas.

De allí la importancia de los patrullajes policiales que se anuncian. La presencia regular de las autoridades sobre las aguas del Cauca no solo permitirá combatir el tráfico de estupefacientes, armas, licores o delincuentes, sino que también ayudará a poner freno a quienes impunemente atentan contra el río arrojando residuos de construcción. Y es que gran parte de las riberas del río, a su paso por la ciudad, están convertidas hoy en auténticas escombreras que reciben a diario enormes cantidades de ese tipo de material, además de muebles desechados y otro tipo de basuras.

Este anuncio, que hace parte de las acciones preparatorias para la COP 16, debería tener un alcance mucho mayor. Lo ideal es que, en un futuro muy próximo, estos controles policiales en jurisdicción de Cali y su área metropolitana se extiendan por todo el departamento, con el concurso de la Gobernación del Valle, los otros 41 municipios del departamento y autoridades del orden nacional. Porque la recuperación del río implica no solo cuidarlo ambientalmente, sino también ejercer soberanía y custodia en todo su recorrido.