Un mal ejecutor

En medio del ‘tira y afloje’ que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República sostienen por la definición del Presupuesto para el 2025, han surgido nuevas e inquietantes informaciones sobre la forma en que se están usando realmente los dineros públicos. Las mismas apuntan a que el Gobierno, pese a tener recursos disponibles para invertir, no los está ejecutando adecuadamente. Razón por la cual muchos se preguntan, con sobrada razón, si de verdad es necesario someter al país a una nueva reforma tributaria como la que ya se presentó a consideración del Legislativo, para recaudar unos $12 billones el año próximo.

El de la baja ejecución presupuestal ha sido uno de los puntos débiles del gobierno del presidente Gustavo Petro en sus dos primeros años de gestión. Algo que no parece tener sentido lógico para un gobernante que, en campaña, esgrimió la necesidad de volcar las estructuras y recursos del Estado a atender las enormes necesidades que tiene el país, y muy especialmente los sectores más vulnerables de la población.

Hasta ahora, el énfasis mayor de esa política ha sido la entrega subsidios, pero los proyectos y programas que podrían contribuir a generar empleo, brillan por las dificultades que tienen para despegar. El caso más emblemático es el de la vivienda, sector que sigue enredado porque los dineros para financiar programas como ‘Mi Casa Ya’ no fluyen adecuadamente. La construcción, vale la pena señalar, es uno de los más potentes dinamizadores de la economía y podría impulsar fuertemente la reactivación de gran parte del aparato productivo.

Pero además, se requiere que el Estado sea mucho más dinámico en la construcción de carreteras, escuelas, centros deportivos, hospitales, infraestructura para el sector agrícola, apoyos para las pequeñas y medianas empresas, entre otros temas. Y en nada de eso se nota una acción eficiente y dinámica del Gobierno.

Un análisis de Fedesarrollo indica que, con corte al mes de julio de este año, la inversión que ayuda a reactivar la economía estaba en 28%, cuando el promedio histórico había sido de 34%. Y otros cálculos señalan que del presupuesto del año pasado, cuando la ejecución ya había sido muy baja, quedaron $50 billones por utilizar.

El Gobierno se defiende con sus propias cifras y el Ministerio de Hacienda sostiene que, con corte al 31 de agosto de este año, la ejecución superó el 60,3% de los recursos apropiados. Pero al respecto también han surgido dudas que el Gobierno no ha logrado disipar: ¿realmente se gastaron esos dineros en atender las necesidades de los colombianos, o se depositaron en fiducias y patrimonios autónomos para ser usados después? ¿Acaso lo que se quiere es postergar ese gasto para hacerlo en un momento más cercano a las elecciones del 2026?

Más que descalificar a quienes han expuesto esas hipótesis a la opinión pública, el Gobierno debería esforzarse en mostrar realidades concretas que evidencien su capacidad de ejecución. Porque pedir más impuestos, mientras la plata está guardada, es una pésima medida que le puede salir muy cara al país.