Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, Colombia y Venezuela vuelven a compartir lo que puede ser un futuro común que produzca progreso para las dos naciones. O abrir la posibilidad, ojalá remota, de que esa reactivación se encamine al aprovechamiento político del gobierno colombiano y la dictadura del vecino.
Es muy fácil afirmar que esas relaciones nunca debieron romperse y que es un error haber llegado a una decisión que ha causado mucho daño a ambas naciones. La realidad es que los nexos que existen desde hace cinco siglos se empezaron a resquebrajar hace 24 años cuando la llamada revolución bolivariana de Hugo Chávez las politizó y empezó a destruir de manera sistemática con medidas como el retiro de su país de la Comunidad Andina de Naciones, la retención de los pagos a las empresas colombianas y la expropiación agresiva de sus inversiones en Venezuela.
A todo ello siguió una constante estrategia para intervenir en nuestros asuntos, apoyando a organizaciones como las Farc, lo cual no pudo disfrazar ni siquiera con su intermediación para liberar secuestrados o su actuación como garante del proceso de diálogo para terminar el conflicto con la guerrilla. Y culminó hace siete años con la ruptura declarada por Nicolás Maduro y el inicio de una descarada protección a los grupos de violencia que usaban a su país como plataforma para atacar a Colombia y beneficiar el narcotráfico en la frontera.
Ahora, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República, el restablecimiento fue casi inmediato, debido a la identidad política de los gobernantes. Es la oportunidad para recuperar una relación que nunca debió romperse pues los damnificados fueron los ciudadanos de a pie, en especial los millones de venezolanos que debieron huir de su patria, de los empresarios de ambos lados y de todos los habitantes de la zona limítrofe quienes han padecido la violencia que se tomó una frontera clausurada para conseguir réditos políticos.
A partir del pasado lunes, los puentes volvieron a abrirse y se anticipa que la circulación de ciudadanos, bienes y servicios pueden resolver los problemas sociales que causó el cierre. Incluso, los gobiernos se atreven a aventurar que el comercio entre los dos países puede llegar aniveles cercamos a los US$4000 millones, claro está, siempre que se honren los compromisos y el Estado venezolano no vuelva a interferir los pagos. Y lo más importante, se acabará la ilegalidad y se restablecerán los servicios consulares para que los ciudadanos cumplan sus deberes y reciban los servicios que requieran.
Es pues una nueva relación que debería llevar a terminar con los grupos de violencia que siembran el terror tanto en Colombia como en Venezuela y a ofrecer prosperidad en ambos lados de la frontera común. Es de esperar que los intereses políticos y el afán de involucrar a nuestro país en el ajedrez de los conflictos internacionales no sigan siendo motivo de división entre dos naciones unidas por su historia, que tuvieron una vecindad fecunda hasta que apareció la pretensión de imponer ideologías extrañas a la convivencia.