Durante el primer trimestre de 2024 la deforestación en Colombia aumentó un 40 %. Del resto del año no se tiene información porque, ante la evidencia del retroceso del país en esa materia, el Gobierno optó por dejar de publicar los boletines que daban cuenta de esa estadística.
Así que, sin tener una cifra exacta de la magnitud de la tragedia actual, es claro que uno de los mayores desafíos ambientales que tendrá la Administración Petro en este 2025 será evitar que siga aumentando la cantidad de bosque que se está perdiendo en el territorio nacional.
En opinión de especialistas, no es claro, sobre todo en medio de la crisis fiscal que enfrenta el Ejecutivo, cómo se van a conseguir los recursos para detener la deforestación, máxime cuando la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo para el 2026 asciende a 753.000 hectáreas de bosque recuperado.
Un objetivo difícil de alcanzar no solo por lo flacas de las finanzas públicas sino porque es evidente que las buenas estadísticas alcanzadas en el 2022 y el 2023 no respondieron a la aplicación de una política ambiental eficaz sino a la intimidación que grupos armados ilegales, con los que la Casa de Nariño había entablado negociaciones de paz, estaban ejerciendo sobre las comunidades de los territorios en los que hacen presencia.
Son decisiones o estrategias que están muy lejos de responder a una política medio ambiental legal y seria, como la que se quiso mostrar durante la COP16, cuando se presentó el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, el instrumento a través del cual Colombia deberá darle cumplimiento a las metas del Marco Global de Biodiversidad del que tanto se habló durante la cumbre realizada en Cali el año pasado.
Ese no es el único compromiso pendiente a nivel ecológico en el país. Según lo dispuesto en la Ley 2327, firmada en el 2023, este año se debe crear el Registro Nacional de Pasivos Ambientales, “que pone la lupa sobre los daños a ecosistemas y comunidades abandonadas tras el cierre de proyectos mineros, petroleros y otras industrias extractivas”. Hasta ahora no se ha adelantado nada en ese sentido, como tampoco en la promesa del actual Ejecutivo de pasar del 24 al 34 % del territorio nacional bajo medidas de protección ambiental.
Sería plausible que se lograra avanzar algo en esos propósitos, pero todavía la Nación quedaría en deuda con uno de los desafíos en los que más ha hecho énfasis la comunidad internacional con respecto a Colombia: aquí ocurrió el 40 % de los casos de asesinatos de defensores ambientales que la ONG Global Witness documentó a nivel mundial el año pasado, ocupando, por segundo año consecutivo, el primer puesto en letalidad por esa causa.
Una consecuencia más de lo nada efectiva que ha resultado la Política de Paz Total, por lo que ya es hora de que el Gobierno de Gustavo Petro cambie de estrategia no solo para garantizar la vida de quienes se dedican a cuidar los recursos naturales sino también para que la Fuerza Pública haga presencia en aquellos territorios donde los actores armados y las economías ilegales matan el futuro del país.