Atender a los desplazados

Ante la dimensión de la tragedia humanitaria que se registra en el Catatumbo, donde el ataque de la guerrilla del ELN a los disidentes del Frente 33 de las Farc dejan decenas de muertos, un número indeterminado de desaparecidos y miles de desplazados, es necesario que el Gobierno Nacional garantice una respuesta acorde con la magnitud del drama que padece esta comunidad.

De acuerdo con los datos recientes ofrecidos por el Ministerio de Defensa, son 47.084 personas las que han tenido que huir de la zona de conflicto dejando atrás sus hogares, sus animales, sus cultivos, sus pertenencias y hasta sus muertos para buscar un refugio seguro.

La gran mayoría de quienes hoy padecen el desarraigo en cerca de una decena de municipios de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, están viviendo bajo las peores condiciones y durmiendo en albergues improvisados en las cabeceras de localidades como Tibú, San Calixto, El Tarra, Teorama o Cúcuta.

Son adultos mayores con alguna condición médica, niños en edad escolar que debieron interrumpir sus estudios y madres subsistiendo en condiciones precarias porque la respuesta del Estado ha sido insuficiente ante el caso más grave de desplazamiento forzados que se ha registrado en Colombia en los últimos 30 años.

Es indiscutible que ante el recrudecimiento del conflicto armado entre dos organizaciones que se disputan el control territorial con él claro propósito de sacar provecho del narcotráfico y de cuanta economía ilegal se mueve en esa frontera, el Gobierno Nacional debe garantizar la seguridad y el control a través de las Fuerzas Militares.

Pero la atención a las víctimas del desplazamiento en la región del Catatumbo no se puede reducir a la llegada de más de 9.000 efectivos de la Policía y el Ejército para proteger a la población civil; o a la entrega de mercados siempre insuficientes en albergues temporales.

Es necesario que el esfuerzo del Estado se vuelque hacia esa zona del país para garantizar una atención integral a estas familias y no permitir que se repitan casos como el de las 87 familias que salieron desplazadas del Bajo Calima, en el Valle del Cauca, y que duraron alrededor de tres años en un polideportivo en Buenaventura.

O, como hasta ahora, celebrando que es gracias a las evacuaciones realizadas por el Gobierno en aviones de la Fuerza Aérea como se ha podido proteger la vida de las comunidades afectadas, tal y como lo reporta en un comunicado el Puesto de Mando Unificado.

Las víctimas del Catatumbo no son solo damnificadas de la violencia armada en el país; lo son también de una política de paz que ha mostrado de múltiples maneras su fracaso y de un Gobierno que se ha mostrado indolente ante el sufrimiento de quienes padecen sus consecuencias.

La cifra de 47.084 personas desplazadas en el Catatumbo es dramática, y podría serlo aún más si el gobierno de Gustavo Petro insiste en responder con titubeos e indiferencia a las víctimas de la violencia armada, pero con el brazo extendido a los victimarios.