La tragedia del Catatumbo

A medida que pasan los días, la cruda realidad del Catatumbo se hace más evidente. Un territorio donde la permisividad de décadas con las organizaciones criminales y con sus negocios ilícitos, más la anuencia del régimen vecino y, sumado a ello, la incapacidad de las Fuerzas del Estado para mantener el orden, ha causado la más perversa tragedia y crisis humanitaria de los años recientes en Colombia.

La guerra declarada por el ELN a las disidencias de las Farc, por el control de la zona, deja mal contados 80 muertos entre disidentes, firmantes del Acuerdo de Paz y población civil. Una cifra tenebrosa, con la cual se demuestra lo lejos que se está de ponerles fin a los conflictos que padece el país por cuenta de los grupos armados ilegales.

Son, además, 40.000 desplazados en poco más de una semana, en su mayoría campesinos, indígenas y desmovilizados que le apostaron en su momento a la reinserción en la sociedad, a quienes el Estado no les ha brindado las oportunidades que han pedido para salir de esa espiral sin fin de cultivos ilícitos, narcotráfico, crimen organizado y violencia. Promesas que nunca se concretan junto a políticas fallidas, gobierno tras gobierno.

Lo que ocurre en el Catatumbo no se gestó ahora ni hace un mes ni un año atrás. Son años de incompetencia estatal para ponerle coto, primero a la presencia guerrillera, luego al narcotráfico y más recientemente al régimen dictatorial de Venezuela, que lleva dos décadas en alianza y protegiendo a los grupos violentos de Colombia que, como bien lo cuenta hoy este diario en su Informe Exclusivo, se pasean de un lado al otro de los 2200 kilómetros de frontera, sin ninguna restricción y más bien con la anuencia de Nicolás Maduro y sus secuaces.

Ahora sí, cuando es real la tragedia alertada desde hace tiempo por la Defensoría del Pueblo y otros organismos de Derechos Humanos, el Gobierno de Gustavo Petro hace una especie de mea culpa. Como si sus decisiones, incluida la de empeñarse en una política de paz ‘total’ que no ha dado el primer resultado positivo en tres años, o mantener abiertamente el apoyo al régimen venezolano, no hubiesen conseguido el logro contrario, permitiendo a las variopintas organizaciones criminales reordenarse para aumentar su poderío bélico.

La historia del Catatumbo puede repetirse muy pronto en Arauca, Guaviare, Putumayo, el Cauca -con repercusiones, por supuesto, en el Valle del Cauca-, o en cualquier territorio del país que hoy se encuentre en medio de las confrontaciones de los violentos.

La solución no está en decretar la conmoción interior en todo el país o en alguna región, como acaba de suceder con el Catatumbo. Si bien se le dan herramientas extraordinarias al Gobierno para enfrentar la crisis, también se le entrega una patente de Corso que, de ser usada con fines distintos, tendrá consecuencias nefastas para Colombia.

Exigirle al Ejecutivo y a sus Fuerzas Armadas que le pongan orden al Catatumbo es una obligación, así como recordarle al presidente Petro que su Paz Total fracasó, como también lo hicieron sus políticas para acabar con los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Colombia sigue en guerra, hoy aún más que hace tres años.