Tan solo tres semanas después de haber sido presentado como un gran avance social, el nuevo modelo de atención en salud para los más de 800.000 maestros del sector público en Colombia ya naufragó en un mar de improvisación e ineficiencia.
El magisterio, tal como lo demuestran las cifras de la Superintendencia de Salud, pasó de un sistema que funcionaba con enormes imperfecciones, a otro que ni siquiera funciona. Mientras en el mes de marzo, con el sistema antiguo, hubo 3.121 quejas por la no prestación de servicios de salud, en los primeros 19 días de mayo se recibieron 3.712 denuncias.
Este desastre es el resultado de la conjunción de dos factores perversos: por un lado, la ya característica arrogancia del gobierno del presidente Gustavo Petro, que desoyó las voces de quienes advirtieron que un cambio tan complejo no podía hacerse de la noche a la mañana, con solo pocas semanas de preparación. Y por otro, la irresponsable actitud asumida por algunos directivos de Fecode, quienes prefirieron secundar a Petro solo para sumar puntos en el azaroso momento político que vive el Jefe del Estado, en vez de proteger a sus agremiados.
Tal como muchos lo previeron, la Fiduprevisora -entidad que administra los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag-, no estaba preparada para asumir el reto. En menos de un mes debía contratar de forma directa a todas las IPS necesarias para prestar los servicios de salud a los maestros en todo el territorio nacional. Una tarea casi imposible para una entidad que, en el sistema anterior, solo había firmado diez contratos con igual número de operadores.
Allí empezó el ‘viacrucis’ de los maestros. El 1 de mayo apenas había logrado contratar a 511 IPS de servicios básicos y poco más de 1.500 para servicios de alta complejidad, por lo cual el nuevo sistema inició operaciones sin poder atender las necesidades de todos sus afiliados.
Hoy, según las cifras más recientes de la Supersalud, ya cuenta con 1.069 IPS para servicios básicos y unas 5.660 para servicios complementarios. Pero las filas y las quejas continúan porque, en realidad, muchas de esas empresas no tienen en su poder un contrato en firme, sino apenas una carta de intención, por lo que siguen negando sus servicios a los maestros.
Y como si todo este antecedente deplorable fuera poco, en las últimas horas el país ha sido sorprendido por el escándalo de los audios entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente de Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín. Evidencias que demuestran, de forma irrefutable, que el alto gobierno sabía con claridad que el nuevo sistema no estaba en capacidad de garantizar servicios adecuados de salud para los maestros y, aún así, decidió seguir adelante. Dicho de otra forma, este gobierno ha estado jugando con la vida y el bienestar de casi un millón de colombianos que lo apoyaron en las urnas. La pregunta es si en este caso el Presidente, como ya ha ocurrido con otros escándalos, también permitirá que los responsables pasen ‘de agache’.