En Cali se interviene una invasión, aparecen dos más y no hay gestión oficial que logre ser eficiente, así exista la voluntad, para darle una solución permanente a uno de los problemas sociales y seguridad que más afectan a la ciudad. Defender los terrenos públicos así como garantizar el derecho a la propiedad privada, empieza por encontrar a quienes están detrás de esas mafias que promueven las ocupaciones ilegales.

Son 280 invasiones las que continúan activas en la capital del Valle, según el informe más reciente realizado por la Secretaría de Vivienda y la Universidad del Valle. Cifra que en algunos casos se debe multiplicar por centenares de techos y miles de familias, lo que permite dimensionar el tamaño del que, sin duda es un conflicto mayor para Cali, para su ordenamiento urbano y para su futuro ambiental, toda vez que algunas de esas ocupaciones se realizan en zonas protegidas o de reserva natural.

El de los asentamientos ilícitos es un asunto complejo y antiguo, que se convirtió en un dolor de cabeza para los caleños. La ciudad lleva décadas recibiendo una migración para la que hay pocas oportunidades, que ve en la invasión de terrenos su única posibilidad de tener un espacio para vivir o que, en no pocas ocasiones, es blanco de organizaciones delictivas que con timos y falsas promesas la obliga a ocupar indebidamente esos espacios en el perímetro urbano y rural.

Así nacieron Siloé o Terrón Colorado, en los cerros del oeste, y la urbe se extendió hacia el Oriente dando nacimiento al Distrito de Aguablanca, que hace 40 años duplicó en la práctica el número de habitantes. A través de los años se han creado centenares de comunidades que demandan servicios públicos, educación, salud y seguridad, mientras se crean condiciones cada vez más difíciles para la convivencia y la tranquilidad de la sociedad caleña.

La situación se sigue dando a diario, pese a los esfuerzos que, sin duda, se le deben reconocer a las autoridades locales. Como lo contó El País en su edición dominical, la intervención del municipio en los últimos tres años ha permitido desmantelar 10.440 techos en invasiones ilegales, una cifra récord que sin embargo no es suficiente para ponerle fin a ese fenómeno social, que es una de las razones para el caos actual de la capital del Valle.

Poco se podrá hacer en adelante mientras no se ataque la raíz del problema, que son las organizaciones delincuenciales detrás del lucrativo negocio, que se aprovechan del reclamo social para llenar sus bolsillos, mientras atropellan los derechos de los propietarios o del mismo municipio, a la vez que estafan a quienes confían en ellos. Es el círculo vicioso que no parece tener fin y que no en pocas ocasiones es utilizado con fines políticos para captar votos o por funcionarios públicos que se lucran del desespero de decenas de familias que buscan tener un hogar.

Es imperativo seguir reclamando la intervención decidida de las autoridades para impedir que las invasiones continúen vulnerando a Cali, afectando su desarrollo y sacrificando así su progreso.