“Casi el 30 % de los nicaragüenses no gana ni para la comida... es lógico entonces que el hambre, la desnutrición y la anemia sean crecientes”. Así de lógico encuentra un economista en el exilio un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que asegura que la prevalencia de subalimentación en Nicaragua pasó de 17,8 % en 2018 a 19,6% en 2023.

Por toda respuesta, esta semana la dictadura ‘bicéfala’ de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, determinó el retiro de su país de esa entidad y exigió el cierre de su oficina en Managua.

Una actitud que no sorprende, sobre todo después de que desde el pasado jueves él, como Presidente, y ella, ascendida a ‘copresidenta’, consolidaron su mando absoluto en esa Nación, pasando a controlar todos los poderes del Estado y la sociedad civil, según reza una reforma constitucional ratificada “por unanimidad” por un Congreso dominado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Queda ratificado entonces que Nicaragua no puede considerarse una democracia, además porque en las normas aprobadas a la medida de los esposos gobernantes no solo se amplió el período de mandato de cinco a seis años, sino que se determinó que sea retroactivo, de tal manera que Ortega y Murillo estarán en el poder al menos hasta el 2028.

Tiene toda la razón la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al expresar su “profunda preocupación” por la aprobación de una norma que “profundiza retrocesos en libertades civiles y políticas” en ese país, así como quienes aseguran que los cambios dispuestos por el sandinismo en el poder marcan la destrucción del Estado de Derecho y de las libertades fundamentales en Nicaragua.

Un proceder dictatorial muy similar al que se registra en Venezuela por cuenta del régimen de Nicolás Maduro y que hace temer a la comunidad internacional por el afianzamiento de la represión contra quienes se atrevan a protestar por los abusos de los Ortega, como ocurrió en el 2018, cuando, bajo la disculpa de que Washington estaba fraguando un golpe de Estado, 320 nicaragüenses fueron asesinados.

Otra cosa no se puede esperar de un gobierno que ha obligado a más de 263 periodistas a huir del país desde 2018, 26 de ellos en el primer semestre del año pasado, máxime cuando la reforma constitucional también establece que el Estado “vigilará” a la prensa y a la Iglesia, para que no respondan a “intereses extranjeros”.

De hecho, bajo el supuesto amparo de que el catolicismo apoyó las manifestaciones del 2018, hace ya años que se viene irrespetando la libertad religiosa, como lo corrobora la reciente expulsión de tres conventos de 30 monjas de las cuales todavía se desconoce el paradero.

Es necesario que el mundo esté alerta al accionar de los quince mil civiles que, con los rostros cubiertos con capuchas negras, acaban de ser juramentados como ‘Policía voluntaria’, al mejor estilo de los milicianos bolivarianos que conformó Maduro para defenderse de quienes se atrevan a exigir el retorno de la democracia a Venezuela.