Intervenir no es la solución

Largas filas para reclamar medicamentos, demoras en la asignación de citas con especialistas y aplazamientos de cirugías urgentes son las mayores quejas que se les escuchan a pacientes en Cali y el Valle.

Pero, tristemente, no es una situación exclusiva de la región, sino una escena que se replica por todos los rincones de la geografía colombiana, dada la crisis que desde hace al menos dos años se ha venido agudizando en el sistema nacional de salud.

Hay quienes aseguran que se trata de un ‘enfermo’ que ya está suficientemente diagnosticado y que lo que falta es voluntad política y económica, especialmente del Gobierno Nacional, pero también de las EPS y otros actores del sector salud en el país, para que entre todos se encuentren las urgentes y definitivas soluciones que se necesitan para cumplirles a los colombianos con el derecho a la atención oportuna que les está consagrado en el Carta Magna.

Ese parece ser el espíritu de lo ordenado esta semana por la Corte Constitucional: “Crear una mesa de trabajo con participación de diferentes entidades del sector, cuyo objetivo principal sea revisar la UPC (valor que se le paga a las EPS por cada paciente) de 2024, conforme a parámetros mínimos que deberá establecer el Ministerio de Salud con apoyo de dicha mesa”.

Queda claro que esa cartera es la primera responsable de manejar la crisis que afecta a millones de pacientes en el país, pero que las soluciones tienen que ser concertadas con todos los actores involucrados en la atención de los enfermos.

En ese marco, cabe preguntarse qué utilidad tendría, como se rumora, que la Superintendencia de Salud tome la decisión de intervenir la ESE Oriente, que presta sus servicios en una de las zonas más pobladas de la capital del Valle del Cauca.

Sobre todo porque si bien ella no está exenta de la falta de recursos que aqueja a las demás redes de atención de la región y el país, al punto de que su cartera crediticia asciende a los $ 32.000 millones, su principal deudor es la EPS Emssanar, que ya está intervenida por el Gobierno Nacional. Por lo tanto, el mejor apoyo que desde la Administración Central se le puede brindar a la ESE Oriente es pagarle los $ 30.000 que le debe, de manera que se pueda financiar el normal funcionamiento de los centros hospitarios adscritos a ella.

Pero, estando claro que esa no es una solución que se vislumbre en el corto plazo, dada la crisis fiscal de la Nación, la Administración Distrital le ha inyectado fondos a las ESE de Cali, para ayudar a atender las necesidades en salud de más de 500.000 caleños.

Así, mientras la deuda de las ESE asciende a los $ 62 mil millones, la Alcaldía le aportó $ 30.000 millones en 2024 a la red local, incluyendo la recuperación de centros asistenciales, lo que demuestra que el actual Gobierno caleño no ha sido ajeno al propósito de atender las 17 mil quejas que, solo el año pasado, llegaron a la Secretaría de Salud por la no prestación de un adecuado servicio.