Crisis en Chocó: Ante los bloqueos, Unidad de Víctimas exige corredores humanitarios y el cese de violencia

La presencia y los constantes enfrentamientos de grupos armados ilegales en el departamento del Chocó ha provocado una creciente crisis humanitaria y de seguridad a en la región. De acuerdo con lo que denunció la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, las personas se quedaron aisladas por las disputas territoriales y por la instalación de artefactos explosivos.

Frente a esto, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para la creación inmediata de corredores humanitarios en el Chocó. Esta medida busca garantizar el acceso de la ayuda humanitaria, la atención integral a las comunidades afectadas y la protección de la vida de sus habitantes.

Según la entidad, es imprescindible habilitar corredores humanitarios en las principales rutas del departamento para facilitar la llegada de suministros básicos, así como garantizar la movilidad segura de la población. Algunas de las rutas prioritarias incluyen:

Quibdó - Medellín, Quibdó - Pereira, Quibdó - Istmina - Condoto, Quibdó - Istmina - Bajo San Juan, Quibdó - Istmina - Alto Baudó, Quibdó - Istmina - Medio Baudó, Quibdó - Istmina - Río Iró, Quibdó - Istmina - Sipí, Quibdó - Istmina - Nóvita.

Mínimos humanitarios exigidos por las víctimas

En el marco del Gabinete para la Dignificación de las Víctimas, realizado el pasado 22 de febrero en Condoto, líderes sociales, autoridades locales y entidades del Gobierno Nacional discutieron la grave crisis humanitaria que enfrenta el Chocó. Durante el encuentro, se establecieron mínimos humanitarios esenciales para atender la emergencia:

• Ingreso inmediato de ayuda humanitaria, médica y asistencia básica para la población afectada.
• Respeto a la labor de organizaciones y líderes sociales por parte de los actores armados, con el cese inmediato de hostilidades, reclutamiento forzado y violencia contra mujeres y niños.
• Suspensión de la instalación de minas antipersonal, que ponen en riesgo la vida de la población y limitan su acceso a recursos básicos.

Además, la entidad reiteró su compromiso con las comunidades vulnerables de Colombia y afirmó que trabajará sin descanso para garantizar el acceso a los derechos fundamentales. “Nos mantenemos firmes en la necesidad de parar la guerra y construir una paz duradera para nuestro país”, señalaron en el comunicado.

La gobernadora alertó que la grave crisis que enfrenta el Chocó requiere de una respuesta inmediata y coordinada por parte del Estado y la comunidad internacional para evitar una mayor afectación a las comunidades más vulnerables. De acuerdo con el último reporte del Foro Interétnico Solidaridad Chocó- Fisch, más de 3.468 personas han sido desplazadas en la subregión del San Juan y más de 15 comunidades se encuentran confinadas en sus viviendas, sin posibilidad de salir a adquirir bienes básicos.