Procuraduría adelantará inspección a congresistas por presunta relación con escándalo de corrupción en la UNGRD

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a varios funcionarios del Estado por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se trata de los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís, quienes, al parecer, habrían recibido contratos con cargo a recursos de la entidad, a cambio de votos a favor de distintos proyectos de ley y reformas del gobierno.

En el documento radicado resaltan también los nombres de Ricardo Bonilla González, entonces ministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, ministro del Interior para la época en que ocurrieron los hechos; Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero.

Según el texto firmado por María Consuelo Cruz Mesa, procuradora delegada de la Sala Disciplinaria de Instrucción, dentro de las pruebas decretadas dispuestas para el caso se encuentra “practicar inspección disciplinaria de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al proceso adelantado contra los congresistas (anteriormente mencionados), en relación con los presuntos hechos de corrupción en la UNGRD, a fin de trasladar al proceso disciplinario de las pruebas recaudadas en dicha actuación”.

Esta diligencia se realizará el jueves 20 de febrero del 2025, a partir de las 8:30 a.m., ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

En días anteriores, se conoció que el magistrado Misael Rodríguez será el encargado de continuar con la investigación contra cinco congresistas pertenecientes a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) por su presunta participación en este entramado de cohecho impropio.

Inicialmente, el caso estuvo a cargo de Rodríguez, sin embargo, luego de que se filtrara una declaración del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, a mediados de 2024, el expediente fue trasladado al despacho del nuevo presidente de la Sala de Instrucción, César Augusto Reyes, para garantizar la protección de la información del proceso.

A pesar de la polémica generada por esta decisión, la Corte estaría buscando garantizar la continuidad de la investigación sin las alteraciones que ocasionaban los cambios en la presidencia de la Sala de Instrucción.

Según la investigación adelantada, los congresistas indagados habrían aprobado operaciones de crédito en favor del Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios relacionados a la adjudicación de contratos a través de la UNGRD.