Van 77.000 afectados por la guerra en el Catatumbo, alerta la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha emitido un informe alarmante sobre la situación en el Catatumbo, donde la violencia entre grupos armados ilegales ha generado una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años en el país.

Según el documento, entre el 16 y el 31 de enero de 2025, un total de 77.418 personas han sido afectadas por el conflicto, con desplazamientos, confinamientos y restricciones de movilidad, en los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

De acuerdo con las cifras más recientes, entregadas por el PMU del Ministerio de Defensa, la crisis ha provocado que 52.807 personas hayan sido forzadas a abandonar sus hogares, marcando la mayor cifra de desplazamiento masivo registrado en la región en los últimos 28 años. Las zonas más afectadas incluyen los municipios antes citados.

Además, la Ocha indica que 25.302 personas han quedado en medio del fuego, atrapadas sin posibilidad de movilizarse, de las cuales 5178 están completamente confinadas debido a la presencia de grupos armados, amenazas y el riesgo de minas antipersonales. En el informe se advierte que las condiciones geográficas y la falta de infraestructura vial han dificultado la presencia de la fuerza pública y la llegada de ayuda humanitaria.

“Las limitaciones de acceso derivadas de condiciones geográficas como la falta de infraestructura vial en áreas rurales y la situación de seguridad, marcada por la presencia de grupos armados no estatales y la posible existencia de minas antipersonal, han impedido a las instituciones realizar la toma de declaraciones, limitando la respuesta humanitaria y el acceso a mecanismos de protección para la población afectada”, señala el informe.

La crisis también ha golpeado a la población migrante y comunidades indígenas. 4443 personas permanecen en condición de refugiados, la entidad expone que también se encuentran sin recibir orientación o atención legal, mientras que 300 miembros del pueblo indígena Barí y 107 del resguardo Sakacdú han sido severamente afectados por la violencia y el confinamiento.

La organización también se refirió a la declaración de conmoción interior decretada por el presidente Gustavo Petro, la cual ha permitido un mayor despliegue de la fuerza pública en el Catatumbo. Sin embargo, el informe advierte que la presencia militar no ha impedido el uso de explosivos por parte de los grupos ilegales, lo que representa un alto riesgo para la población.

“Esta medida ha permitido al gobierno tomar acciones excepcionales para restablecer el orden por medio del despliegue de la fuerza pública en algunos municipios del Catatumbo. Sin embargo, preocupan los riesgos de protección de la población civil ante las acciones de los grupos armados no estatales contra la fuerza pública, como el uso de artefactos explosivos improvisados en vías principales, que generan afectaciones y nuevos riesgos de emergencias humanitarias”, advierte la entidad.

Otras cifras del informe revelan que 46.500 niños han sido afectados por la crisis, mientras que 12 firmantes del Acuerdo de Paz se encuentran desaparecidos y seis han sido asesinados en medio del conflicto.