¿En qué falla la ruta de atención para mujeres víctimas de violencia en el Valle?

Largos y engorrosos procesos para denunciar a su agresor, falta de sensibilización por parte de los funcionarios y pocas garantías de protección son solo algunas de las fallas que actualmente presenta la ruta de atención por violencia contra mujer en el Valle.

A esa conclusión llegaron las autoridades competentes a tratar los casos de agresiones contra mujeres en el departamento, luego de registrar 6391 casos entre enero y agosto de este año.

Dentro de esta cifra se reportan 100 homicidios de mujeres, de los cuales 23 fueron tipificados como feminicidios, 16 correspondientes a la capital del Valle.

El tema fue precisamente el motivo del debate de control político, convocado por la diputada Mariluz Zuluaga, que se llevó a cabo la semana pasada en la Asamblea: “El encuentro fue resultado de las constantes quejas de las víctimas frente a las fallas en la ruta de atención y el incremento de casos en los municipios de Yumbo, Palmira, Buenaventura, Candelaria, Cartago y especialmente en Cali, que lidera la lista”, afirmó Zuluaga.

Sin embargo, este también fue el espacio para que las entidades pertenecientes a la ruta, en compañía de una mujer víctima de las fallas de la misma, reconocieran sus errores y renovaran el compromiso de mejorar su labor en pos de prevenir y erradicar esta problemática. Esta labor será supervisada por la secretaria de Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Luz Adriana Londoño.

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Los funcionarios revictimizan
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Frases como: ¿usted está segura de que va a denunciar a su esposo?, ¿pero es que usted fue grosera con él?, ¿por qué no vino la primera vez que le pegó?, son, en la mayoría de los casos, la primera repuesta que reciben las mujeres agredidas en el Valle por parte de los funcionarios que recepcionan su denuncia.

De acuerdo con la secretaria de Equidad de Género y Diversidad Sexual del departamento, Luz Adriana Londoño, esta falencia es quizá la más renombrada por las mujeres víctimas de agresiones, pues aseguran que los funcionarios las obligan a contar muchas veces los hechos y las citan, a pesar de negarse, a conciliar con su agresor.

“Como es la principal falla, queremos enfocar mucho nuestro trabajo en la humanización del personal que hace parte de la ruta y no tiene la sensibilidad para atender a una mujer que ha sido víctima. Identificamos que lo único que logran es revictimizarlas y eso es grave”, dijo.

En este sentido, Londoño afirmó que el debate fue un espacio idóneo para establecer cuerdos con la Policía, las Comisarías de Familia, Fiscalía, y demás encargados, para que capaciten a su personal en atención a las víctimas y logren orientar adecuadamente la activación de la ruta.

Denuncias engorrosas
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De acuerdo con Luz Adriana Londoño, en el Valle se han identificado municipios, especialmente del norte del departamento, que no cuentan con Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía y oficina de Medicina Legal.

“Pasa que cuando una mujer es víctima de violencia y quiere denunciar, se tiene que desplazar a otros municipios. Al no tener el dinero para viajar o por no sentirse en condiciones, desisten”, explicó la funcionaria.

Entre otros trámites engorrosos para efectuar las denuncias, según Londoño, se identificó que no todo el personal está capacitado para identificar la violencia de género, lo que ocasiona que se reporte la denuncia como un accidente o lesiones personales.

Por otro lado, en el debate se trató el caso de la directora de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, María Fernanda Penilla, víctima de agresiones por parte de su pareja, quien relató como ella mismas tuvo que llevar las órdenes de protección a las estaciones de Policía.

Sobre todos estos factores expuestos en la Asamblea, la Secretaría de Gobierno del Valle se comprometió a tomar las medidas para agilizar los procesos de denuncia.

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Poca acción para detener al agresor

Anamaría Yáñez, de 21 años, fue víctima de violencia física, psicológica y sexual por parte de su expareja. A pesar de interponer la denuncia contra el agresor, y que el examen de Medicina Legal la declarara en riesgo extremo, el juez del caso le concedió la libertad al hombre de 26 años. De acuerdo con la joven estudiante de medicina, quien recientemente compartió su historia en este diario, el Estado y las autoridades brindan pocas garantías de protección para las mujeres que vencen todas la trabas de la ruta y logran llevar el caso a términos judiciales.

La situación de la joven es la realidad de muchas vallecaucanas que tienen que vivir encontrándose con su victimario sin que la autoridad tome medidas efectivas. Frente a la situación, las autoridades y entidades responsables se comprometieron a mejorar la articulación interinstitucional y minimizar los riesgos de las mujeres con medidas de protección efectivas.

Más medidas de protección

De las cerca de 12 instituciones públicas que tienen acción directa en la ruta de atención a la mujer víctima de violencia y tienen la potestad de ejercer medidas de protección, solo la Policía Nacional cumple permanentemente con esta labor. Así lo dio a conocer la diputada Mariluz Zuluaga, quien manifestó que este fue un llamado especial que hizo la autoridad en la Asamblea.

“A mí me pareció muy válido porque según la Ley 1257, todas pueden proteger a las mujeres. En este sentido, se le pidió a las once entidades restantes, como Fiscalía y las Comisarías de Familia, que también efectuaran sus medidas”, dijo Zuluaga.

Por su parte, la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Valle, a cargo de Noralba García Moreno, se comprometió a trabajar la efectividad del proceso, asignando más medidas de protección y efectuando los procesos de remisión de mujeres a hogares de acogida.

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