JEP absuelve a once militares del Batallón La Popa, en Valledupar, por caso de ‘falsos positivos’

La JEP le otorgó el beneficio de renuncia a la persecución penal a 11 miembros de la fuerza pública que hicieron parte del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, y estuvieron involucrados en el asesinato de una niña Wiwa y un joven Kankuamo en el año 2005.

Las víctimas fueron identificadas como Nohemí Esther Pacheco Zábata, una niña Wiwa de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo Arias, un joven Kankuamo de 23 años.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz, ambos fueron presentados como falsas bajas en combate por integrantes de la patrulla ‘Dinamarca Uno’ del Batallón ‘La Popa’. Los hechos ocurrieron el 9 febrero de 2005, en la vía que conecta el sector El Mojao con la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atánquez, territorio del Resguardo Kankuamo.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que, aunque los 11 exintegrantes del Batallón ‘La Popa’ hicieron parte de la organización criminal que operó al interior de esa unidad militar, no tuvieron un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o la puesta en marcha del plan criminal o en la definición y ejecución de los patrones criminales encontrados.

Los beneficiarios de la medida son el teniente Ómar Eduardo Vaquiro Benítez; el cabo primero Boris Alejandro Serna Mosquera; los soldados profesionales Deimer Cárdenas Martínez y Ronal Enrique Acuña Díaz; y los soldados regulares Analdo Enrique Fuentes Estrada, Alejandro Angulo Acensio, Fredis Alberto Díaz Romero, Miguel Ángel Molina Díaz, Richard Alberto Campo Tonso, Luis Manuel Brito Camarillo y Emel Emiro Almanza Meza. Todos están retirados del Ejército, excepto Acuña Díaz, quien aún permanece en servicio activo.

De ese modo, la decisión se tomó teniendo en cuenta que los comparecientes no fueron hallados máximos responsables en el homicidio de la menor y el joven indígenas. No obstante, el tribunal aclaró que, aunque no reciban una sanción, deben aportar verdad y contribuir a la reparación. Es decir, su situación jurídica se resuelve garantizando los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.

Además, para otorgarles ese beneficio, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas verificó que los comparecientes hubieran participado en la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, pero no fueran máximos responsables de crímenes graves.

“Este hecho hace parte del patrón macrocriminal identificado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en 2021, cuando imputó como máximos responsables a 15 integrantes del Batallón ‘La Popa’. De ellos, 12 reconocieron su responsabilidad en una audiencia pública realizada en julio de 2022 en Valledupar”, explicó la JEP.

En audiencias públicas realizadas en junio y diciembre de 2024 en Valledupar, los comparecientes aportaron información detallada sobre los hechos, reconocieron su responsabilidad y contribuyeron a la reparación de las víctimas.

Explicaron que las víctimas no eran parte de ningún grupo armado, confesaron detalles sobre cómo fueron extraídas de su hogar y trasladadas hasta el lugar de su asesinato, y precisaron quiénes dispararon.

En la audiencia de diciembre, Alejandro Angulo Acensio confesó haber disparado contra Hermes Carrillo en estado de indefensión. “Encontré a Hermes boca abajo, tirado en el suelo. Recibí la orden y disparé en su contra”, declaró.

*Con información de Colprensa.