JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad contra más de 40 antiguos miembros del Ejército en Antioquia

En la mañana de este miércoles, 19 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 4 generales, 35 oficiales y varios suboficiales, todos ellos antiguos miembros de la Brigada IV del Ejército Nacional.

A los imputados se les acusa de 442 casos de falsos positivos ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2007.

Los cuatro generales imputados son Óscar Enrique González, Luis Roberto Pico, Jorge Ernesto Rodríguez y Juan Carlos Piza, quienes en esa época se desempeñaban como comandantes de la Cuarta Brigada, que anteriormente estaba al mando del general Mario Montoya.

En la audiencia de imputación de cargos, la magistrada Catalina Díaz señaló que “los generales retirados del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Pisa Gaviria, comandantes y jefe de operaciones de la Cuarta Brigada entre 2004 y 2007, fueron hallados máximos responsables de liderar la política de facto de conteo de cuerpos, que desató el patrón macrocriminal en el que al menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en el departamento de Antioquia”.

Es de recordar que para los años 2002 y 2003, la JEP ya había determinado una política de facto de conteo de cuerpos, liderada en su momento por el general Montoya, quien además había sido imputado por crímenes de guerra y lesa humanidad en esa época.

En la audiencia de imputación de cargos, también fueron señalados 25 oficiales y 10 suboficiales pertenecientes a seis batallones del Ejército Nacional, por liderar la implementación de esta política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes.

Dos civiles también fueron involucrados por ser acusados de integrar una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas a los militares a cambio de sumas de dinero para que las asesinaran.

La magistrada Catalina Díaz afirmó que se logró identificar que esta “práctica criminal ocurrió en al menos 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían”.

En la audiencia se puso como ejemplo los asesinatos de los campesinos Luis Albeiro Avendaño Muriel, Luis Argiro Agudelo y John Jairo Bernal ocurridos en la vereda Santa Marta, municipio de Sonsón, el 5 de mayo de 2005.