Juez rechazó preacuerdo en caso de estudiante de la UPB de Palmira asesinado el año pasado

En audiencia pública virtual, la Juez Cuarta Penal del Circuito de Palmira negó el pasado miércoles el preacuerdo celebrado entre la defensa de Diego Alejandro López Rodríguez, presunto asesino de un estudiante de derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, en el 2019 y la Fiscalía 142 Seccional de este municipio.

Según explicó el abogado de la familia de la víctima, Francisco Calderón, ese día se realizó la audiencia para definir la viabilidad o no del preacuerdo en el que se había pactado una pena de 10 años para López Rodríguez.

Sin embargo, los familiares de Joan Sebastián Abadía Tovar, de 33 años y quien fue asesinado por esta persona, de 36 puñaladas el 13 de abril del año pasado cuando se encontraba paseando sus perros en el barrio Petruc en compañía de un primo, se opusieron rotundamente al calificar no solo de irrisoria la pena, sino que se constituía en una burla para la justicia.

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"La Universidad Pontifica Bolivariana de Palmira, a la cual pertenezco y en la cual estudiaba Joan Sebastián, está muy interesada, así como sus familiares y amigos, en que se haga justicia y se logre evidenciar un castigo ejemplar", dijo el letrado.

Agregó que en la audiencia de verificación de preacuerdo lo que hace el juez es tomar una decisión sobre si lo aprueba, con base en unos requisitos legales, o lo rechaza, toda vez que se vulneren garantías legales y constitucionales.

"Como representante de las víctimas elevé la petición de que no se fuera a aprobar ese preacuerdo toda vez que se estaba burlando a la justicia con esa pena tan baja de diez años. Al inicio del proceso, la defensa argumentó problemas psiquiátricos del procesado para que no se impusiera una medida de aseguramiento, por eso, un día después de su captura, el 14 de abril, cuando se realiza la audiencia, fue dejado en libertad", expresó el Calderón.

Anotó que ahora la defensa argumenta que López Rodríguez no tiene problemas mentales, porque uno de los requisitos para la firma de un preacuerdo es que la persona tenga la capacidad mental de tomar esa pena.

"Por esa contradicción y por muchos más errores que se presentaron durante el proceso, y la negligencia acusatoria que es evidente, me opuse a ese preacuerdo. Los argumentos que se expusieron en la audiencia prosperaron y por eso la juez tomó la decisión de declararlo ilegal. El proceso continúa y será otro juez el que decidirá el transcurso del mismo", manifestó Calderón.

Añadió que el preacuerdo había sido firmado el pasado 5 de marzo entre la Fiscalía 142 Seccional de Palmira y la defensa del procesado.

"Infortunadamente la ley penal en cuestión de delitos donde hay una víctima determinada solamente exige que se le notifique ese preacuerdo pero esa persona, en este caso la familia, no tiene voz, ni voto, dentro de esa negociación. A las víctimas solamente las notifican, se les informa, lamentablemente ellas no tienen la potestad de interferir dentro de esa negociación de la defensa y la Fiscalía, pero en una decisión controversial la juez me dio la razón en esa diligencia e improbó ese preacuerdo de 10 años.", subrayó.

Como se recordará, López fue capturado en flagrancia tras asesinar a Joan Sebastián, pero posteriormente dejado libertad por una supuesta enfermedad mental.

Sin embargo, ante la fuerte presión de los familiares del estudiante universitario y de la comunidad palmirana que rechazaron el atroz crimen, sumado al parecer a la imposibilidad de la familia del presunto agresor de demostrar su enfermedad, fue recapturado por las autoridades.

El pasado miércoles y luego de haber escuchado las condiciones del preacuerdo, la juez decidió rechazarlo considerando la inviabilidad del mismo por una notoria vulneración de garantías legales, dada las características del homicidio, según indicó uno de los parientes de la víctima.

"Esta decisión sienta un precedente para todos los jueces y fiscales del país, en el sentido de no continuar realizando preacuerdos sin el lleno de los requisitos legales y, sobre todo, sin que haya una congruencia en su actuación que cumpla con los principios de justicia, verdad, reparación y no repetición", sostuvo un familiar del joven universitario.

Reiteró que la defensa de López Rodríguez cambió su postura y argumentó que este no tenía ninguna enfermedad mental para poder gozar de la figura del preacuerdo, ya que la ley penal exige que para hacerlo el procesado debe estar en pleno uso de sus facultades mentales.

"Lo que exigimos es que se haga justicia en este caso y que el ente acusador apoye a las víctimas con una sanción ejemplar, sin preacuerdos, toda vez que la pena para este delito oscila entre los 33 y los 50 años", dijo la misma persona.

Afirmó que el procesado continúa privado de la libertad en el Comando Sur de la Policía en Palmira y no ha sido recluido en centro carcelario como lo dispuso la Juez Segunda Penal Municipal, porque se está a la espera, desde el año pasado, a que el Inpec dé la orden para su traslado.

"El Inpec argumenta que no hay cupos en la cárcel, pero con esta decisión de declararse una persona sana mentalmente puede ser enviado a cualquier otra del país", insistió.

La familia de Joan Sebastián, amigos y compañeros de la universidad, pidieron celeridad en el proceso para que este crimen no quede en la impunidad.

"Tenemos temor de que dilaten tanto el juicio que se venzan los términos y esta persona quede libre y vuelva a las calles a matar nuevamente", manifestó.

Resaltaron la actuación de la Juez Cuarta Penal del Circuito y dijeron que debería convertirse en un ejemplo para los demás funcionarios de la rama judicial.