Burocracia costosa y paralizante

Cuando en el país se plantean nuevas reformas tributarias y se frenan inversiones públicas estratégicas para reducir déficits presupuestales, es importante abrir el debate sobre otras formas de disminuir el gasto público. Esto incluye examinar el tamaño del Estado y su burocracia que impacta en la sostenibilidad de las finanzas estatales y en el desarrollo del país.

Desde los años 90, nuestro Estado ha crecido progresivamente. Según el Departamento de la Función Pública, Colombia tiene hoy 300 entidades nacionales y 6073 del orden territorial. Según el FMI, en 1990 el gasto público representaba el 9,4 % del PIB; para 2005, había aumentado al 26 % y llegó al 34 % en 2022. Esta cifra puede haber caído un poco en 2024 ante las restricciones fiscales recientes.

Ese gasto estatal no sería cuestionable si se reflejara en una gestión eficaz en áreas críticas como educación, salud, seguridad y justicia o si se materializara en inversión pública creadora de desarrollo. Nadie pone en duda la importancia de fortalecer los sectores de defensa, o a la Rama judicial vital para la convivencia, o de avanzar en la calidad del sistema educativo. Sin embargo, son las debilidades de esos sectores los que más preocupaciones generan en la sociedad colombiana. Y en cuanto a proyectos estratégicos, en 2025 apenas un 15 % del presupuesto nacional se destinará a inversión (con una caída del 17 % frente a 2024), mientras que el 63 % del gasto se gastará en funcionamiento –el resto va a la deuda pública–.

Es urgente examinar burocracia excesiva que repercute en una administración pública ineficiente, en procesos lentos y complicados que afectan la competitividad nacional, y afecta la capacidad del gobierno de responder con prontitud a las necesidades de los ciudadanos. Por citar un ejemplo, el Índice de Burocracia 2024 publicado por el Adam Smith Center ubica a Colombia como el 6º de 19 países de América donde se debe dedicar más horas para cumplir con los pasos en la creación de empresas, y como el 1º donde se requiere más tiempo para cumplir con las regulaciones exigidas para funcionar.

Más allá de esto, un Estado con una nómina inflada abre nefastas oportunidades para el nepotismo y el clientelismo y es más susceptible a la corrupción, frentes en los que observamos escándalos cada vez más indignantes en distintas entidades del Estado.

La ineficiencia y la corrupción derivadas de la burocracia reducen la confianza pública en las instituciones, lo que debilita la democracia. En un país con cerca de 1,4 millones de servidores públicos y casi 900 mil contratistas de prestación de servicios, racionalizar la burocracia y simplificar los trámites administrativos es una necesidad urgente. Es vital definir con claridad las competencias y recursos del nivel nacional, departamental y municipal, que tienen zonas grises expresadas en entidades públicas con funciones duplicadas, entre ellas, algunos organismos de control y vigilancia del nivel central y territorial cuyo alcance y politización se ha cuestionado por décadas, y en agencias de desarrollo que trabajan en proyectos similares sin coordinación.

Es necesario examinar y eliminar las entidades que no generen un impacto significativo en la sociedad o en la economía; revisar aquellas que frenan el emprendimiento y transformarlas en agencias que promuevan la competitividad de actores privados y sociales capaces de ofrecer bienes y servicios con más eficiencia. Importante también impulsar la transformación digital y la innovación en la gestión pública para mejorar la eficacia administrativa. Y avanzar en la capacitación y profesionalización de la función pública, para contar con una carrera de servicio civil técnica, alejada de los vaivenes de la politiquería.

Ojalá en lo que queda de Gobierno estos temas cobraran importancia, sobre todo ante la falta de cumplimiento de metas que quedó en evidencia en el reciente Consejo de Ministros, donde se ratificó que más burocracia no trae mejores resultados. Y ojalá los precandidatos que comienzan a exponer su visión de país incluyan este tema en sus propuestas para contar con un Estado más eficaz y eficiente, y liberar recursos públicos hacia los proyectos de desarrollo e impacto general que no pueden seguir aplazándose.