El crimen superó las instituciones

El panorama es preocupante. Según la Defensoría del Pueblo, 807 municipios (73 %) del país tienen presencia y control de grupos armados.

Esta degradación, como lo he dicho muchas veces, tiene que ver con el abandono de la Fuerza Pública y la Policía en las zonas rurales, producto de la mal denominada ‘paz total’, que terminó siendo otro globo lanzado por Gustavo Petro durante su mandato para ganar tiempo y poner al país a reflexionar sobre algo que no tiene dirección ni metodología. Lo único que se ha hecho es sacar de la cárcel a cabecillas a través de la figura de ‘gestores de paz’ y pactar ceses al fuego territoriales, lo que permitió que esos grupos crezcan militarmente y sigan enriqueciéndose con sus negocios criminales.

Lo advertí como Fiscal General, que la degradación en el orden público iba a llevarnos como país a caminos insospechados. Las órdenes de captura difícilmente se hacen efectivas en zona rural por parte de la Fiscalía porque se requiere de Fuerza Pública y Policía para que existan mecanismos de cooperación conjunta. Hoy no hay ni gasolina para los helicópteros.

La coordinación entre múltiples entidades había permitido romper los corredores regionales de criminalidad en diversos lugares del país. Se pudo generar una itinerancia, articulación, asociación de actividades investigativas y priorización para contener el crimen. De eso quedan como constancia las operaciones policivo-militares en diversos lugares del territorio nacional: Esparta, Atalanta, Agamenón, Atlas y Aquiles. A eso se le sumó la operación Artemisa, que permitió adelantar una lucha integral contra la deforestación en la zona de la Amazonia. Todo eso desapareció.

Hoy el panorama en seguridad es bien complejo. El Catatumbo vive una guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc, que han producido 53.000 desplazados y 60 muertos. En Arauca, el Eln se enfrenta al frente 10 de las disidencias de las Farc. En el sur de Bolívar confluyen el Clan del Golfo, Eln y disidencias de las Farc. En Cauca y Nariño, las disidencias de las Farc del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, compuestas por los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Adán Izquierdo, Carlos Patiño, Rafael Aguilera, Alan Rodríguez, Urías Rondón y Franco Benavidez, controlan el territorio.

También en Cauca y Nariño opera el frente José María Becerra del Eln, la Nueva Marquetalia y la Coordinadora guerrillera del Pacífico, compuesta por los frentes Oliver Sinisterra, Ariel Aldana e Iván Ríos. Los Contadores quedaron subsumidos en esas estructuras. En los departamentos del Huila y Tolima, el frente Ismael Ruiz.

El puerto de Buenaventura lo dominan los Shotas, los Espartanos, el bloque Jaime Martínez y el Clan del Golfo. En Chocó, hay una guerra entre el Eln y el Clan del Golfo, especialmente en la subregión del río San Juan, por donde circula el oro, la madera y se trafican migrantes. Ya se anuncia el décimo paro armado en ese departamento. Una calamidad.

En el Urabá Antioqueño y el Atlántico hasta La Guajira, hace de las suyas el Clan del Golfo y en la Sierra Nevada de Santa Marta, los guardianes de la Sierra. En Putumayo dominan ese territorio el grupo narcotraficante ‘Comandos Bolivarianos de Frontera’ y la Carolina Ramírez. En Caquetá, el sur del Meta, Guaviare y Guainía, el Bloque Jorge Briceño, dirigido por Alias Calarcá. En Casanare, el Clan del Golfo y el frente 28 de las disidencias, y en Antioquia, el Bajo Cauca, el Clan del Golfo y los frentes 18,14,12 y 4 de las disidencias de las Farc.

Todo este control territorial se agudizó porque ya no se contiene la criminalidad. Antes se buscaba desmantelar esos grupos y lograr judicializaciones con extinción de dominio. Hoy se busca por el Gobierno ser árbitro de esas estructuras criminales. El panorama es calamitoso: el crimen superó las instituciones.