Una invitación polémica

El exministro y exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, acudió a la Corte Suprema para presentar denuncia contra una treintena de congresistas. Estos personajes habrían solicitado que les nombraran amigos o compadres en la nómina del organismo fiscalizador. Informaciones de prensa señalan que los cargos pretendidos eran, en algunos casos, los de jefes de ciertas dependencias aduaneras reconocidas por el volumen de su tráfico, su opacidad y su porosidad.

La indagación iniciada debería ser ocasión para establecer posibles responsabilidades y si es del caso, sancionar prácticas repudiables empleadas por padres de la patria deseosos de obtener beneficios espurios. Y es que, en concepto de los especialistas, su conducta podría tipificar delitos, entre los que se cuentan el cohecho y el tráfico de influencias. Esto sin mencionar la ruptura de claros principios relacionados con la transparencia y la ética pública.

Entre los episodios objeto de investigación por el alto tribunal está un encuentro en su domicilio privado convocado por la representante Gloria Arizabaleta junto a su exesposo el entonces senador Roy Barreras. Durante el episodio, y según señala Reyes, le habrían entregado un sobre con las hojas de vida de varios individuos mientras le formulaban admoniciones amenazantes ante su eventual falta de colaboración con el asunto. Una circunstancia al parecer presenciada por las funcionarias Alexandra Rizo y Ana María Zambrano.

Las publicaciones atrás aludidas despertaron una batalla de réplicas y contra réplicas. También anuncios de acciones judiciales por los concernidos. Pero mientras la Justicia actúa, cabe adelantar algunas consideraciones: es entendible que quienes acceden al poder gobiernen con sus copartidarios, lo cual no puede implicar irrespeto de los procedimientos de selección vigentes. Además, es inaceptable que los congresistas presionen al Ejecutivo para imponer nombramientos que convengan a sus intereses o al de sus aliados.

Lo último procede de un hecho indiscutible: las dádivas y favores derriten consciencias. Si el congresista fue satisfecho con lo recibido o piensa que podrá serlo en el futuro, su voluntad queda empeñada, será un alfil al servicio del poder Ejecutivo. Muerta así la separación de poderes, no hay lugar para la democracia ni la vigencia del Estado de Derecho que tanto parecen molestar a quienes nos gobiernan.

No es dable pensar que en el caso Gloria-Roy las imputaciones formuladas por Reyes pasen a mayores. Tras la acostumbrada ‘investigación exhaustiva’, la pérdida de tiempo, los titulares y el pago de pingües honorarios a los abogados, la actuación quedará en nada. Según lo que se conoce, todo apunta a que el asunto será resuelto con base en la retórica y la semántica: desentrañar el sentido de lo que dicen que se dijo.

Entre tanto, los ciudadanos nos quedaremos sin ver respondidas algunas inquietudes relacionadas con la ética pública: ¿Cómo se explica que la dama anfitriona no registrara el conflicto entre su carácter de miembro de la Comisión de Acusación encargada de investigar al presidente, y la invitación privada a uno de sus más poderosos colaboradores? ¿Acaso el director de la Dian fue tan ingenuo como para no advertir a tiempo los riesgos de una convocatoria íntima que fácilmente podría derivar hacia el azaroso terreno de los favores recíprocos?