Chocó sigue en el olvido

“Colombia se acuerda del Chocó de tiempo en tiempo, cuando se vuelve noticia por acontecimientos como el paro armado de esta semana, que inmovilizó a la región más por el miedo que por los hechos”.

El párrafo de este editorial se pudo escribir ayer, pero no. Fue publicado en este mismo espacio hace 12 años, el 9 de marzo de 2012, cuando la guerrilla les ordenó a los habitantes de varios municipios del Chocó quedarse confinados en sus hogares bajo amenaza de recurrir a la violencia si no obedecían.

Nada ha cambiado desde entonces. Para no ir más lejos, el 13 de febrero de este 2024, también en el Editorial de El País decíamos que “Ya se perdió la cuenta de cuántas veces el grupo armado ilegal ha confinado a la población del Chocó, la ha amenazado, la obliga a detener sus actividades cotidianas, mientras no le importa si las comunidades pasan hambre o se presentan emergencias. Es el chantaje que persiste aún en medio de negociaciones y acuerdos fallidos”.

Como si el tiempo se negara a pasar o a prestar sus horas para que la situación cambie, hoy desde estas páginas es necesario insistir, como se ha hecho una y otra vez, en que al Chocó no se le puede seguir sometiendo a la indiferencia y a la ausencia del Estado.

Mientras el Eln mantuvo un paro armado durante los últimos ocho días -ayer anunció su levantamiento-, que obligó al menos a 50.000 personas a permanecer en sus casas, ni las Fuerzas Armadas ni el Gobierno Nacional atendieron el llamado desesperado de las comunidades, de las autoridades locales y de la Gobernadora de ese departamento. Una semana permanecieron sin poder abastecerse de alimentos, ni entrar medicinas, ni salir por cualquier emergencia. Se habla de tres personas fallecidas, una menor de edad entre ellas, como consecuencia de la situación.

Así los grupos armados ilegales que ordenan los paros en Chocó, en este caso el frente Occidental del Ejército de Liberación Nacional, usen los manidos argumentos de la lucha social para excusar sus acciones violentas y represivas, lo cierto es que se trata de una guerra por el poder territorial. En ese departamento se siembra coca, se explota ilegalmente el oro, hay tráfico de madera, negocios lucrativos por el que se pelean la guerrilla, las disidencias y en general el crimen organizado.

De paso le miden el aceite al Estado, históricamente incapaz de ponerle coto a quienes se han apoderado de la región más pobre, con más necesidades insatisfechas y menos oportunidades de Colombia. En ese mismo editorial de 9 de marzo de 2012 contábamos que el índice de pobreza del Chocó llegaba el 65%; hoy esa cifra es del 66,7% mientras el 44,2% de su población está en condición de pobreza monetaria extrema.

Si se quiere arrancar de raíz el problema que representan los grupos armados ilegales en Chocó e impedir que se ponga a sus comunidades como la diana a donde apuntan su violencia, lo primero que tiene que existir es un Estado presente, que llegue con las inversiones necesarias, con una institucionalidad fuerte y que sepa proteger a cada uno de sus 570 mil habitantes.