El país de las ‘chuzadas’

El nuevo escándalo por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales contra altos dignatarios de la Rama Judicial, que salpica a varias entidades del aparato de inteligencia del Gobierno, es un hecho de extrema gravedad que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias.

Las denuncias que el país ha conocido en las últimas horas no son de poca monta. Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional, dice tener evidencias de que su teléfono celular y los sistemas de comunicación de varios funcionarios de su despacho fueron intervenidos por órganos de inteligencia oficial que han operado sin autorización judicial y por fuera de la Ley.

Advierte Ibáñez que lo mismo estaría sucediendo con otros magistrados del alto tribunal y señala que detrás de estas acciones podrían estar involucradas varias entidades oficiales, incluso una de ellas adscrita a la propia Presidencia de la República.

Las ‘chuzadas’, como se le conoce coloquialmente a ese tipo de actividades ilegales de espionaje tecnológico, han marcado la historia del país en varias ocasiones, causando graves daños a la institucionalidad y dejando una enorme huella de desconfianza por parte de los ciudadanos hacia el Estado. Cuando un Gobierno decide usar recursos tecnológicos y humanos, que deberían estar destinados a perseguir a los delincuentes, para intimidar, perfilar, monitorear y acosar a sus opositores, se configura un grave atentado contra la democracia.

Y por eso están justificadas las alarmas que se han disparado ante el resurgimiento del fantasma de las ‘chuzadas’. En este caso, no basta con que el Presidente de la República diga a través de Twitter, como lo hizo ayer Gustavo Petro, que no ha dado órdenes de usar el aparato estatal de inteligencia “contra la oposición, la prensa o las cortes”.

Ante la gravedad de las denuncias, es imperativo que la Fiscalía General de la Nación establezca responsabilidades y determine el alcance real de las operaciones de interceptación. Más aún considerando que fue el propio jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien admitió ante el Congreso de la República que “no se descarta que algún funcionario esté cometiendo un delito”.

Porque ya existe el grave antecedente del escándalo que hace un año involucró a la mano derecha del Presidente, Laura Sarabia, y en el que se comprobó que sí hubo interceptaciones ilegales contra una exempleada doméstica de dicha funcionaria.

Más allá de los interrogantes que plantea, este episodio evidencia que en Colombia sigue pendiente la tarea de ordenar el sistema de inteligencia y garantizar que sea usado de forma responsable y ética para combatir el crimen organizado de forma eficiente. En ese sentido, es deseable que se concrete la propuesta de crear una instancia judicial del más alto nivel que ejerza seguimiento y control a los responsables de estas agencias de investigación.

El país no puede normalizar que se sigan usando las herramientas de lucha contra la delincuencia como una máquina de intimidación y persecución política.