Los desafíos de la JEP

Superadas, al parecer, las dificultades presupuestales que había develado su presidente, quedan otros desafíos que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, debe sortear, a fin de cumplir a cabalidad con el mandato para el que fue creada en el Acuerdo que el Estado colombiano firmó con las extintas Farc en el 2016.

Uno de ellos es el cumplimiento de las sanciones que les sean impuestas a los exjefes de la desintegrada guerrilla, tema que ya fue motivo de álgida polémica durante las negociaciones en Cuba y la campaña por el Plebiscito, cuando el que personas que asesinaron y secuestraron a miles de compatriotas no fueran a la cárcel fue una de las razones por las que varios sectores animaron a decirle no a la refrendación de los Acuerdos que propuso entonces el Gobierno Santos.

Porque la verdad es que esa controversia el país no la ha superado y ahora, cuando la JEP se apresta a dictaminar que los exmiembros del Secretariado tendrán que dedicarse a labores de desminado, a ayudar a buscar a personas desaparecidas o a liderar actos de perdón, sin duda el tema volverá a politizarse, amén de muchas voces en varios partidos que ya quieren que se inicie la campaña electoral del 2026.

De ahí que sea urgente que el Estado, además de garantizar los recursos que deben vigilar el cumplimiento de esas sanciones, diseñe un mecanismo que les dé confianza a los colombianos de que, así sean mínimas y simbólicas, los exjefes de las Farc sí van a estar supervisados al momento de cumplir esas penas, de manera que se pueda verificar que la justicia transicional no es sinónimo de impunidad y que las víctimas se sientan realmente reparadas.

Y es allí donde surge otro de los desafíos que debe resolver la JEP, ya que precisamente para intentar responder a ese lógico anhelo de verdad de parte de quienes fueron atropellados por la guerra -y de lo cual es un ejemplo claro el caso de los diputados del Valle-, los magistrados a cargo de los distintos macrocasos han llamado a comparecer a los mandos medios que eran el rostro de las Farc en las distintas regiones del país.

Pero se han encontrado con una encrucijada, porque, antes de la firma de la Paz, muchos de ellos, así como exguerrilleros rasos, ya habían sido condenados por la justicia ordinaria a penas de hasta 60 años de cárcel, y, tras acogerse al Acuerdo, recuperaron su libertad, pero requieren que la justicia transicional les dé cierre a sus procesos para garantizar su ‘absolución total’.

¿Cómo hacerlo, si el mismo Derecho Internacional impide que delitos graves como el secuestro sean amnistiados; si claramente la JEP no tiene ni el soporte económico ni la infraestructura investigativa ni el tiempo necesario para ocuparse de cada caso puntual, y si, como lo sostiene el expresidente Juan Manuel Santos, custodio natural de lo convenido en La Habana, el espíritu del Acuerdo apunta a que el entonces Secretariado se asuma como máximo responsable de las atrocidades que cometieron las Farc y, por lo tanto, sean ellos los únicos excombatientes finalmente condenados?

Por eso hay que saludar que el Gobierno haya aceptado, por fin, garantizar la sostenibilidad presupuestal de la JEP, pero es igualmente importante que la Corte Constitucional, encargada de preservar el Acuerdo, delimite el alcance del sistema de justicia transicional, de manera que se cumplan los compromisos que el Estado adquirió con los firmantes, pero que también se protejan los derechos de las víctimas, para que aquello de que son el centro del Acuerdo no sea letra muerta.