Migración a la inversa

Con las políticas adoptadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ahonda la crisis humanitaria para cientos de miles de migrantes. Las consecuencias las están sintiendo, en particular, aquellos que han hecho travesías por el continente para llegar al país norteamericano, ya fuera en busca de oportunidades, por motivos de reunificación familiar o huyendo de los conflictos en sus territorios.

En los dos meses que lleva en la Casa Blanca, y cumpliendo con sus promesas de campaña, Trump emprendió la más feroz persecución a los extranjeros que están de forma irregular en su nación, pero también contra aquellos que aún con un estatus legal, su gobierno considera que deben ser expulsados. Para ello se ha valido de leyes antiguas que aunque vigentes no eran aplicadas, también de la derogación de medidas que beneficiaban a los solicitantes de asilo o de aquellas que otorgaban protección temporal a ciudadanos de países en situaciones complejas, como Venezuela.

Con gobiernos como el de El Salvador o Panamá dispuestos a recibir a cientos de deportados de otras nacionalidades, la radicalización migratoria de Trump afecta desde diferentes frentes a Colombia y no solo por el retorno de connacionales obligados a abandonar territorio estadounidense.

Miles de latinoamericanos -en particular venezolanos-, pero también ciudadanos de otros rincones del planeta que pasaron por la odisea de atravesar el Tapón del Darién, sobrevivieron, alcanzaron México y llegaron a su destino, han terminado expulsados hacia Panamá. Desde ahí están siendo enviados al lado colombiano de la frontera, o están arribando por voluntad propia, sin saber que les depara el mañana.

Según estadísticas de Migración Colombia, entre el 15 de enero y el 28 de febrero de este año se encontraban 1885 personas en tránsito desde el norte del continente hacia el país y de las 1599 que fueron caracterizadas, 298 eran niños, todos con destino a Capurganá o Necoclí. Como era de esperarse, la correría humana por el Tapón del Darién y por Centroamérica se ha reducido en un 60%, y lo que está sucediendo es una migración a la inversa.

Es, sin duda, un problema humanitario de proporciones mayúsculas, con familias enteras o individuos que llegan al país y se enfrentan al peor de los mundos: a vivir deambulando, sintiéndose en tierra de nadie y con la frustración de no haber alcanzado su sueño americano.

Así, de nuevo Colombia queda en el centro de la crisis migratoria y deberá responder ya no solo por quienes se atreven a pasar por la selva del Darién en su camino hacia el norte, bajo las garras de un crimen organizado que encontró en las penurias de los migrantes otra de sus formas de enriquecerse ilegalmente, sino también son esos retornados que demandan la atención del Estado. Darles la espalda o dejarlos a su suerte, con las mafias que trafican con las necesidades humanas de nuevo pululando a su alrededor, no es una posibilidad.

Por ello, es necesario insistir en que el problema de la migración, esta vez a la inversa, es un asunto continental, que demanda soluciones consensuadas e integrales de la región, que en primer lugar garanticen la protección de la vida, la integridad y el respeto de los derechos humanos.