Orden en los Farallones

La minería ilegal en los Farallones de Cali ya no es solo un problema de carácter ambiental por la destrucción que esa actividad le ocasiona a la mayor reserva natural del sur del Valle y al agua que abastece a los caleños. Ahora es también un problema de orden público que se les salió de las manos a las autoridades y al que se debe dar solución inmediata.

El jueves en la mañana, cuando el Batallón de Alta Montaña Rodrigo Lloreda Caicedo realizaba labores de vigilancia en el sector de Peñas Blancas en el Parque Nacional Natural Farallones, se produjo una asonada que terminó en tragedia. Al tratar de detener a un grupo de mineros e impedir la movilización de herramientas e insumos, se presentaron enfrentamientos que dejaron una persona muerta y cuatro más heridas, mientras un grupo de 30 soldados fue retenido por la comunidad durante varias horas.

No es la primera vez que suceden hechos similares, como se pudo comprobar en videos difundidos por las Fuerzas Armadas, que reflejan cómo ha sido imposible cumplir con el ejercicio de autoridad para evitar la minería ilegal y erradicarla de los Farallones. El asunto lleva años sin que se le dé la solución que demanda un problema en el que se pone incluso en riesgo a un amplio sector de la población caleña y vallecaucana.

La minería ilegal se ha practicado por décadas en este Parque Nacional. Debido a ella se han destruido ecosistemas, arrasado centenares de hectáreas de sus bosques y contaminado las fuentes de agua que nacen en sus montañas y que les dan vida a seis de los siete ríos que bañan a Cali y a otros 30 afluentes que alimentan al suroccidente colombiano.

Las denuncias tanto civiles como penales se han instaurado, y se han proferido fallos de obligatorio cumplimiento que no se han acatado. Nada parece funcionar para mantener el orden, acabar con los negocios ilícitos que, además de la minería ilegal, pasan por invasiones y construcciones en la zona de reserva o una industria maderera sin permiso que acaba con el bosque nativo.

Como se vio esta semana, un batallón de alta montaña es insuficiente, y no parece haber ningún plan gubernamental que garantice la recuperación exitosa de los Farallones. Hay sentencias judiciales que obligan a acabar con esas actividades ilícitas, perseguir y castigar a quienes las promueven, así como a devolverle la tranquilidad a la zona porque el efecto social se siente también en las comunidades allí asentadas. Ellas, que deberían ser sus guardianas naturales, hoy están permeadas por esa misma ilegalidad y son receptoras directas de los problemas de violencia que llegan de la mano de las organizaciones criminales que manejan la minería.

Está demostrado que no basta con la buena voluntad que manifiestan las autoridades si no van acompañados de acciones efectivas en la lucha contra la ilegalidad. No se entienden, por ejemplo, las demoras administrativas y contractuales para ordenar el cierre definitivo de los socavones, ni la laxitud de la Justicia para castigar a quienes promueven y financian ese delito. A los Farallones hay que salvarlos porque significan la vida misma para Cali y para sus habitantes.