Pensar en los jóvenes

Entre el 1 de enero y el 29 de mayo de este año, en Cali han sido asesinadas 197 personas cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 28 años, de las 422 que en total van hasta la fecha. De ellas, 28 eran menores de edad, según el consolidado del Observatorio de Seguridad de Cali. Cifras muy altas que vuelven a poner sobre la mesa la preocupación que existe en torno a la vulnerabilidad que reina en muchos sectores, donde estos hechos están relacionados con el accionar criminal, las disputas por territorio, las bandas, el microtráfico y el reclutamiento de organizaciones delictivas.

De hecho, el tema volvió a tomar relevancia debido a las denuncias en torno a que 3.700 jóvenes de instituciones educativas del oriente caleño debían pagar entre $1000 y $1500 para llegar a sus colegios. Un profesor de la zona contó, incluso, que existe una especie de toque de queda interno en barrios en que estudiantes de la jornada de la tarde manifiestan querer salir de clases a las 5:15 p.m., cuando la hora oficial es las 7:00 p.m., para poder llegar a salvo a sus casas.

En los meses recientes, además, han sido reiterativas las denuncias de venta de alucinógenos y reclutamiento de menores para comercializar droga en los alrededores de colegios, en tiendas cercanas, en las esquinas, puestos de dulces, el recreo o en las fiestas. Dicha instrumentalización obedece a la capacidad de los adolescentes de mimetizarse en dichos espacios, despertar menos sospecha y por ende, disminuir la persecución de las autoridades.

Estrategias que también son usadas por las oficinas de sicariato o las bacrim, debido a que los menores son más fáciles de convencer y menos difíciles de judicializar. Cada vez son más los identificados en dichas estructuras, que se incrementaron con la aparición de la pandemia y la disminución de empleo.

De hecho, según el informe de Cali Cómo Vamos correspondiente al primer trimestre del 2023, la tasa de desempleo joven, de 15 a 28 años, fue del 17,5 % y a pesar de los esfuerzos de programas que nacieron tras el estallido social del 2021, para brindar capacitación y herramientas laborales, aún hay mucho por hacer. A lo que se suma la alta desescolarización en comunas como la 13, 14, 15 y 21.

Por eso, más que estigmatizar a una población que por años ha sufrido el olvido estatal y la presencia de la delincuencia, bien vendría empezar a asombrarse frente a cifras como los 197 jóvenes asesinados que van este año, sobre todo cuando muchos sucumbieron al delito ante la falta de oportunidades, lo que no es justificación pero sí explica el porqué la estadística no disminuye.

Cali necesita más seguridad y oportunidades reales para esos jóvenes que deben pagar un peaje para ir a sus colegios, que no pueden pasar de un barrio a otro, o que luchan a diario para hacerle el quite a la violencia. Oportunidades a mediano y largo plazo que les permitan desarrollar un proyecto de vida. Y este debería ser un tema prioritario para quienes aspiran a gobernar la ciudad.