Repite la reforma laboral

De manera sorpresiva y en busca de una segunda oportunidad para su aprobación, el Gobierno Nacional radicó de nuevo su proyecto de reforma laboral. En esencia contiene las mismas propuestas de la iniciativa hundida en la anterior legislatura, lo que ha generado críticas de diversos sectores de la sociedad que pedían unas conversaciones francas para llegar a consensos en beneficio tanto de los trabajadores como de quienes generan empleo en el país.

El texto entregado para discusión del Legislativo el pasado 24 de agosto, incluye 92 artículos, es decir 16 más que el proyecto anterior. Igual que sucedió con el presentado en marzo pasado, los cambios se centran en los beneficios que recibirán los empleados, entre ellos la forma de contratación, que ahora hace diferencia si se trata de personal de trabajo doméstico, agropecuario o de aprendizaje, entre otros. Se mantiene la liquidación de horas extras a partir de las 7:00 p.m., y que los dominicales y festivos trabajados se paguen al 100%.

Se incluyen, así mismo, asuntos como la ampliación paulatina a 12 semanas de la licencia de paternidad, el registro de las plataformas tecnológicas en el Ministerio del ramo y los modos de vinculación laboral de quienes trabajen en ellas. Mientras se pretende con algunos de esos cambios incentivar la formalización de las economías informales y así mismo de sus empleados para que estén protegidos por la seguridad social.

Si se mira por encima, los beneficios son ante todo para los trabajadores. Poco se detiene en los empleadores y aún menos en aquellas empresas que más plazas laborales generan en el país y que son fundamentales para la estabilidad económica nacional. Así se haya asegurado en la presentación de la reforma que esta es producto del diálogo social y de un consenso entre todos los actores involucrados, las críticas no se han hecho esperar.

Las más fuertes provienen de los gremios económicos, que han pedido de manera reiterativa abrir los diálogos que permitan analizar la realidad del país y llegar a acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores como a quienes los emplean. La falta de disposición del actual gobierno nacional se manifiesta en los constantes incumplimientos del presidente Gustavo Petro a los encuentros programados con anticipación con los gremios y con algunos sectores económicos.

El mensaje quedó claro al no convocarse a la Comisión Tripartita de Políticas Laborales, como se solicitó con anticipación, y al no llegar el Primer Mandatario esta semana a la reunión prevista con el Consejo Nacional Gremial para tratar el que sin duda es un asunto prioritario. Pretender hacer una transformación estructural al régimen laboral colombiano, que sin duda es necesaria, para beneficiar solo a una parte de la población o para atender las demandas del sindicalismo, no traerá réditos para nadie y por el contrario sí se comprometerá la estabilidad del sector empresarial y productivo nacional, así como de la economía del país.

Está en manos del Congreso de la República que haga trámite el proyecto de reforma tal como lo presentó el Gobierno Nacional o abrir los espacios de diálogo para llegar a los consensos que reclaman los colombianos sobre los cambios en su sistema laboral.