Percepción de corrupción se mantiene alta en el país; estas son las razones

“A pesar de las promesas de cambio, la Administración de Gustavo Petro no ha logrado posicionar la lucha contra la corrupción como una prioridad estratégica y se ha visto desdibujada por los escándalos que ha enfrentado”.

Así analiza Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, el resultado del Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, presentado por esa organización, en el que el país obtuvo 39 puntos sobre 100 y ocupó el puesto 92 entre 180 nacionales, descendiendo cinco puestos en el ranking global..

El IPC confiere puntajes entre 0 y 100 a 180 países, donde 100 indica que un país se percibe como muy transparente, mientras que menos de 50 muestra que se enfrentan graves problemas de corrupción, como es el caso de Colombia con 39 puntos.

El resultado evidencia que “el país aún no ve avances suficientes en controversias como el desvío de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o la presunta financiación irregular de la campaña del Presidente Gustavo Petro”, advierte Hernández.

De acuerdo con él, el politólogo Alejandro Echeverry anota que esos dos escándalos “han generado un debilitamiento de la credibilidad y la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones”.

Añade que esta problemática es sistemática, no solo por la inoperancia de la Administración actual, sino porque esta cuestión está enfocada de manera estructural en el país.

Adicionalmente, dice que “hay sectores políticos y económicos que tienen coaptado el sistema administrativo a través de cargos que muchas veces son prebendas para elecciones populares o para pagar favores, como en el caso de la Contraloría, la Personería, la Defensoría y hasta la misma Procuraduría, además de las altas cortes”.

También, indica que la ciudadanía también debe aportar, empezando a mejorar los comportamientos cívicos y la forma de relacionarse cotidianamente, ya que en actos mínimos también reside la corrupción.

“Considero que se debe hacer una reforma al sistema político y al sistema administrativo. Eso implica que estas iniciativas no vengan de las mismas instituciones, porque al estar coaptadas por actores políticos, es obvio que no van a querer hacerlas, por lo que la ciudadanía tiene que empoderarse y exigir estos cambios”, propone el politólogo Echeverry.

De su lado, Hernández indica que para enfrentar esta problemática, “no solo se necesita mucho más compromiso, acción y coherencia del Mandatario y su Gobierno, sino también una dinámica mucho más coordinada entre poderes públicos, especialmente considerando que entramos en una etapa electoral en que las transacciones políticas y prácticas clientelistas suelen elevar los riesgos de corrupción”.

Al respecto, Echeverry dice que los colombianos deben empezar a escoger mejor a sus gobernantes, tanto en la rama Ejecutiva, a partir de los cargos de elección popular, ya sean locales, regionales y a nivel nacional, así como en la Legislativa, en el caso del Congreso los concejos y las asambleas.

De acuerdo con Transparencia por Colombia, a pesar de haber tenido señales de una mejora en el indicador en años anteriores, el puntaje del IPC en 2024 volvió a mostrar estancamiento y, por lo tanto, falta de resultados.

“La calificación del IPC 2024 se suma a otros indicadores recientes que señalan la corrupción como el principal problema del país, advierten sobre el deterioro en la lucha contra la corrupción y califican la gestión anticorrupción del Presidente como el aspecto con peor desempeño de su gobierno”, indica el comunicado compartido por la organización.

¿Qué esperar para este año?

Según el análisis de Transparencia por Colombia, en 2025 la corrupción seguirá siendo un tema central en la agenda pública. “Las investigaciones en curso sobre grandes escándalos pondrán a prueba la capacidad de las instituciones judiciales para avanzar en procesos decisivos. Además, el nuevo Procurador deberá demostrar rápidamente su independencia y efectividad en casos clave, en medio de cuestionamientos por su cercanía con el poder político y la importancia de su rol en el país”, anota.

Asimismo, fuentes coinciden en que el Congreso también tomará mayor relevancia, ya que se debatirá la ley que redefinirá las funciones entre la Nación y los territorios tras la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones el año pasado, “un proceso que deberá blindarse al máximo contra la corrupción”.

“El agotamiento frente a las promesas incumplidas no puede ser la constante de nuestra democracia. El 2025 será un año crucial para determinar si las instituciones y la sociedad civil están preparados para lograr y exigir un cambio real”, afirma el director Hernández.

“Si queremos avanzar hacia un país más justo, debemos priorizar el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los recursos públicos. No se trata solo de combatir la corrupción, sino de construir confianza y devolverle a la ciudadanía la certeza de que sus derechos y necesidades están en el centro de la gestión pública”, añade.