La hoy prófuga de la Justicia Aida Merlano, perdió totalmente los derechos que tiene un funcionario público como político en el país.

Este martes, el Consejo de Estado dejó en firme el fallo que decretó la pérdida de investidura de Merlano como senadora de la República, elegida para el cuatrienio 2018 – 2022.

Para la Sala Plena de la corporación, Merlano violó el tope máximo de gastos de campaña establecidos por la ley como reglas para la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales.

Dado que la Constitución autoriza al Legislador para fijar unos topes en torno a la financiación de las campañas y establece que la violación a estos parámetros da lugar a decretar la pérdida de investidura, la alta corte determinó ratificar la sanción para la congresista.

En contra la exdirigente política conservadora hay otras dos demandas de pérdida e investidura que aún se encuentran en trámite.

Merlano ha sido polémica en todos los sentidos. Su prontuario delictivo empezó el año pasado, momento en que la Fiscalía allanó su sede política en Barranquilla denominada la 'Casa Blanca'. Allí funcionarios del CTI, hallaron dinero, memorias USB, múltiples listas de pagos a ciudadanos y cédulas.

Después de esto, fue señalada por las autoridades de ser la cabeza principal de una organización criminal dedicada a la compra y venta de votos.

En septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia la halló culpable de los hechos por lo que la condenó a 15 años de prisión.

Merlano, quién ha estado en el ojo del huracán no solo por su prontuario delictivo, sino también por las veces que intentó quitarse la vida, el pasado 1 de octubre fue la protagonista de su propia fuga.

La excongresista conservadora se fugó en una moto luego de que se lanzó con una cuerda roja, desde el tercer de un centro médico donde era atendida, ocasionalmente, desde que empezó su tratamiento odontológico.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer. Sobre este se ha especulado que incluso puede estar sin vida, dado que ella prometía prender el ventilador para salpicar "a grandes caciques electorales de la costa".

Las autoridades la semana pasada ofrecieron 200 millones de pesos de recompensa a quien brinde información sobre su paradero.