Ante la ola de violencia que se ha venido acrecentando en el Catatumbo en las últimas semanas, el Gobierno Nacional emitido una serie de decretos para permitir a los gobernadores del Norte de Santander y Cesar, así como a los alcaldes de esta región, reasignar los recursos y modificar presupuestos con el propósito de atender la crisis de seguridad que se presenta en esta zona del país.
Según se lee en el comunicado emitido por la Presidencia, “se faculta al Gobernador de Norte de Santander y a los alcaldes de los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú, Sardinata, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, del departamento de Norte de Santander, y de los municipios de Río de Oro y González, del departamento del Cesar, para reorientar rentas de destinación específica, diferentes de las constitucionales, para financiar gastos de funcionamiento de la respectiva entidad territorial, sin perjuicio del principio de autonomía territorial.”
El martes, 5 de febrero, el Gobierno de Colombia emitió cinco nuevos decretos, en el marco de la Declaratoria de Conmoción Interior por 90 días en la región del Catatumbo.
Estas medidas extraordinarias tiene como principal propósito, preservar la dignidad de las personas, grupos y comunidades afectadas por la violaciones a los derechos humanos que han ocurrido como consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
El presidente Gustavo Petro, firmó junto a las distintas carteras del Estado, estos decretos enfocados en abastecimiento y transporte de combustibles líquidos y gas, reorientación de rentas de destinación específica, destinación de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y medidas extraordinarias de protección para personas y comunidades afectadas por graves violaciones a los derechos humanos, entre otros.
Este último aspecto, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció que implementará medidas extraordinarias entre las que se encuentran establecer un mecanismo extraordinario de emergencia Colectiva así como un mecanismo de coordinación interinstitucional para garantizar la implementación de medidas integrales de protección colectiva, entre otros aspectos.
El conflicto armado ha dejado a su paso una ola de desastres en cuanto a DIH en la región del Catatumbo. Entre los datos revelados por UNP, se observa que la situación de orden público se ha intensificado, superando las 50.900 personas desplazadas y los 50 homicidios registrados, entre ellos cinco firmantes de paz.