En el Marco del Estado de Conmoción Interior que rige desde hace un mes para el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del sur del Cesar, el Gobierno Nacional dio a conocer en las últimas horas un nuevo decreto. Se trata de la adopción de medidas en materia de infraestructura y dotación educativa para los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media y educación superior.
Según conoció La Opinión, el gobierno de Gustavo Petro aprovechará la crisis humanitaria que se desató por las confrontaciones del Eln y las disidencias de las Farc, las cuales ya dejan 56 muertos y más de 55.000 desplazados, como coyuntura clave para la instalación de infraestructura modular en la región del Catatumbo.
Se trata de una medida “urgente” para atender la crisis educativa y garantizar el derecho a la educación. Con infraestructura modular se hace alusión a un tipo de construcción que permite la instalación rápida y eficiente de espacios educativos en contextos de emergencia o con alta necesidad de infraestructura.
En este orden, los municipios de El Tarra y Tibú han sido identificados como prioritarios para la implementación de estos espacios, lo que requiere un mecanismo financiero y contractual que permita su ejecución inmediata, dice el decreto.
En este sentido, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), creado por la Ley 1753 de 2015 y modificado por la Ley 1955 de 2019, podría jugar un papel clave en la viabilidad y financiamiento de estos proyectos, aunque su alcance se ha limitado históricamente a la educación básica y media.
El decreto habilita al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) para gestionar y financiar nuevos proyectos educativos en territorios afectados por el conflicto armado. Con esta medida, el FFIE podrá impulsar la construcción, mejoramiento, adecuación y ampliación de infraestructuras educativas públicas, tanto en zonas urbanas como rurales, incluyendo residencias escolares en áreas dispersas. Además, se podrán contemplar inversiones en infraestructura digital y contratos de interventoría para garantizar la correcta ejecución de los proyectos.
De manera específica, se autoriza la asignación de recursos del FFIE a iniciativas de educación superior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y las localidades de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar. El decreto ya entró en vigencia.
En la justificación del proyecto, el Gobierno señala que en la región del Catatumbo hacen presencia 7 Instituciones de Educación Superior, de las cuales el 43% corresponden a instituciones de carácter privado y el 57% al sector oficial. Solo cuatro (4) instituciones Oficiales tienen presencia en ese territorio: el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en Tibú, la Escuela de Administración Pública - ESAP en los municipios de Ábrego, Convención, Sardinata, Hacarí, Ocaña y Tibú, las Universidades Francisco de Paula Santander y Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el municipio de Ocaña.
Por su parte, los municipios de El Carmen, El Tarra, La Playa, San Calixto, Teorama, El Zulia, y Puerto Santander no cuentan con oferta de educación superior.
La tasa de tránsito inmediato a la educación superior en la zona está por debajo del promedio nacional, situándose en el 27,24% frente al 55,38% del país en general. Adicionalmente, la crisis humanitaria ha obligado, según el Gobierno, a miles de personas a desplazarse hacia municipios del área metropolitana de Cúcuta, Río de Oro y González, lo que agrava la demanda de servicios básicos y de educación. En este contexto, se lee en el decreto, se hace indispensable para el Estado adoptar medidas excepcionales para mitigar los efectos de la crisis y fortalecer el acceso a la educación como herramienta clave para la reconstrucción social.
Hay que recordar que, según un reporte de la Procuraduría del pasado 25 de enero, alrededor de 46.000 niños se quedaron sin ir a clase en el Catatumbo.
También, según cifras del Puesto de Mando Unificado PMU que está instalado en Cúcuta, hay al menos unas 32.000 personas confinadas en sus parcelas en Teorama y Tibú, incluidos niños y niñas.