La Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria contra funcionarios por determinar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras conocerse denuncias sobre la presunta violación de dos reclusas en la cárcel El Pedregal, en Medellín.
De acuerdo con la Corporación Mujeres Libres, organización que acompañó las denuncias, los presuntos agresores serían cuatro dragoneantes del Inpec, quienes habrían cometido los abusos en distintos momentos de 2024.
Abuso, embarazo y un aborto forzado
Uno de los casos corresponde a una mujer de 27 años, quien denunció haber sido abusada sexualmente entre agosto y septiembre de 2024 por dos guardianes. Como resultado del ataque, la reclusa quedó en embarazo; sin embargo, no recibió atención médica adecuada ni fue trasladada a Medicina Legal.
Según la denuncia, en lugar de brindarle asistencia, la víctima fue trasladada al patio de maternas y posteriormente suministrada con una sustancia abortiva sin su consentimiento. Así lo indicó Claudia Cardona, directora de la Corporación Mujeres Libres:
“La primera denuncia es de una mujer que nos dice que está embarazada, que la pasaron al patio de maternas, pero que un día se sintió muy mal. La llevaron al hospital y allí, según ella, le dieron algún tipo de sustancia abortiva en la comida”, explicó Cardona.
Segunda víctima habría sido drogada y abusada
El segundo caso involucra a otra reclusa, quien denunció haber sido drogada el 24 de diciembre de 2024 y luego abusada sexualmente por otros dos guardianes. De acuerdo con el Ministerio Público, la mujer también habría sido víctima de represalias para evitar que denunciara a los presuntos agresores.
Según testimonios, esta reclusa fue intimidada y amenazada con sanciones disciplinarias si decidía hablar sobre lo sucedido. Adicionalmente, habría recibido advertencias de que podría ser trasladada a una cárcel de mayor seguridad como castigo.
Procuraduría alerta sobre violaciones a los derechos humanos
Tras conocerse las denuncias, la Procuraduría General de la Nación advirtió que, de comprobarse los hechos, se trataría de graves violaciones a los derechos humanos y actos de violencia basada en género, perpetrados contra personas que están bajo la custodia del Estado.
En consecuencia, el Ministerio Público anunció la suspensión de los dos primeros guardianes implicados mientras avanza la investigación. Asimismo, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia se encargará de verificar la veracidad de las denuncias y recopilar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.
El Inpec, por su parte, ha informado que está colaborando con la investigación y que no se tolerarán actos de violencia contra las personas privadas de la libertad. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido que se tomen medidas estructurales para evitar que casos como estos se repitan.
Antecedentes y posibles consecuencias legales
Este no es el primer caso de abusos dentro del sistema penitenciario colombiano. En el pasado, se han documentado denuncias similares en otras prisiones del país, donde se han reportado agresiones sexuales y violencia de género cometidas por agentes encargados de la custodia de los internos.
De confirmarse los hechos, los implicados podrían enfrentar cargos penales por delitos como acceso carnal violento, abuso de autoridad y tortura, además de sanciones disciplinarias que podrían resultar en su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Por ahora, las autoridades continúan con la indagación para determinar responsabilidades y tomar las medidas correspondientes en caso de confirmarse estos delitos. Entretanto, organizaciones de derechos humanos han exigido que el caso se lleve con total transparencia y garantías para las víctimas.