En una denuncia presentada ante la Fiscalía y en testimonios recogidos por SEMANA, se pudo evidenciar que las disidencias de las Farc armaron un ‘casting’ para seleccionar a las personas que deben ir en el tarjetón electoral con el fin de competir por algunas alcaldías de Colombia.
Ahora más que nunca hay alerta por la seguridad de las campañas políticas y las elecciones de octubre. Como en los viejos tiempos, el programa de la guerrilla fue rebautizado como el “aval del monte”.
En los rincones de la selva, evalúan las hojas de vida de los competidores y miden cuál de todos podría cuidarles la espalda, en caso de que lleguen al poder. Desde la clandestinidad, les aseguran el triunfo y les dan garantías para promocionar sus nombres.
Para medir la confianza y seguridad, someten a los políticos a exigencias millonarias y a otros retos que van en contra de la ley. La “garantía electoral” impuesta por la delincuencia es el silencio y se cobra con vidas.
Entre tanto, la reposición de los votos la tiene que costear el ganador por 48 meses: brindarles seguridad y tener la cartera abierta para las disidencias.
Según la Registraduría, al menos 92 municipios del país tienen alto riesgo para las elecciones regionales, a raíz de la presencia de estructuras ilegales. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo advirtió que en 706 localidades del territorio nacional hay algún tipo de peligro para ejercer liderazgos; es decir, en las dos terceras partes de Colombia.
Testimonio
Un hombre que quería participar en la contienda en un pueblo de Antioquia, cuya identidad solicitó omitir por motivos de seguridad, entregó detalles de la operación electoral que adelanta el frente 36 de las disidencias de las Farc para asegurar su permanencia en el norte del departamento, donde abundan los homicidios, las amenazas y los desplazamientos.
Cuando apenas estaba buscando un partido político que avalara su candidatura, recibió el primer ultimátum: “Hay que pedir permiso”. Él debía convencer a la guerrilla para hacer oficial sus aspiraciones. Con el fin de acceder a la baraja de postulantes, le exigieron 100 millones de pesos. Cuando la competencia se apretó, la extorsión se multiplicó por cinco.
¿Y los electores?
Ahora bien, las disidencias de las Farc les asegurarían los votos a los candidatos por medio de las juntas de acción comunal de las veredas. En el caso particular del grupo que comanda alias Iván Mordisco, la fuerza pública tiene información de que la población civil estaría siendo censada y carnetizada a pocos meses de “la cita con la democracia”.
Es decir, se sospecha que tienen conocimiento de sus identidades, los números de contacto y la ubicación de sus residencias, donde estarían intimidándolos con el propósito de cumplir sus objetivos: nombrar alcalde a la persona que supere todas las pruebas del casting, que está siendo investigado por las autoridades judiciales.
Con base en los testimonios recogidos, el control se tramitaría con los líderes comunales, dado que gozan del respaldo de los habitantes. Quien se ha negado a patrocinar el proyecto político ha sido sentenciado a la muerte y, en otros casos, se le ha cumplido. Indepaz ha contabilizado el asesinato de 22 miembros de juntas en lo que va de 2023.
Este escenario no es desconocido para el gobernador Aníbal Gaviria Correa, quien ha cuestionado el actuar de los ilegales. Él informó que los grupos armados han hecho públicas las amenazas contra candidatos y electores en el país, por lo que el Estado debe ajustar los protocolos para que las elecciones puedan transcurrir con total normalidad.
En esta región de Colombia, el poder de las disidencias de las Farc se mide con dos episodios recientes denunciados por la fuerza pública. En primer lugar, obligaron a marchar a cientos de campesinos a favor de la ‘paz total’ y exigieron la expulsión de una tropa del Ejército Nacional que pretendía retomar el control del orden en Briceño.
Mientras tanto, en Ituango fijaron fronteras invisibles y aumentaron las intimidaciones contra los líderes que han alertado sobre la violación de derechos humanos. El alcalde de este municipio, Mauricio Mira –declarado objetivo militar por la organización–, advirtió que, de continuar esta situación, menos del 50 por ciento de la población irá a las urnas.