La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de su Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor anunció la formulación de cargos contra las sociedades Casa Y Confort SAS, Muebles y Accesorios SAS que actualmente se encuentra en liquidación judicial, y Manuel Brosntein Tisminezky. Las razones se deben a que las tres cometieron presunta vulneración de los derechos de los consumidores, en la venta y comercialización de muebles y colchones.
De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, las conductas que están siendo objeto de investigación están relacionadas con:
- Incumplimiento en la entrega de bienes: Las empresas habrían defraudado las expectativas de los consumidores al no cumplir con la obligación legal de realizar la entrega material y efectiva de todos los productos adquiridos en los tiempos pactados.
- Deficiencia en la calidad de los productos: Las empresas habrían incurrido en posibles fallas en la calidad de los bienes ofrecidos a los ciudadanos, específicamente en lo que respecta a sus características inherentes, además de haberse presentado una posible falta de idoneidad de todos los bienes.
- Falta de claridad en la información suministrada: Las compañías investigadas habrían hecho entrega de información carente de claridad, veracidad y precisión sobre los tiempos de entrega de los productos adquiridos en el marco de la relación de consumo.
Además, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC inició una investigación administrativa en contra de Manuel Brosntein Tisminezky, en su calidad de persona natural matriz del grupo empresarial de las sociedades investigadas, al no haber aparentemente cumplido con la orden impartida por esta Superintendencia en la Resolución No. 9664 del 12 de marzo de 2024, en la que se dispuso el deber de implementar un plan de entrega o devolución de dinero a los consumidores afectados por el incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos que adquirieron.
Finalmente, la SIC alerta que en caso de que la supuesta vulneración de los derechos sea comprobada, la Dirección antes mencionada se dedicará a imponer sanciones que están previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, el cual señala que la multa es hasta de 2.000 salarios mínimos legales vigentes.
“La SIC del cambio está comprometida con la creación y conservación de estándares de consumo dignos, que garanticen las libertades individuales y económicas de la población en un mercado equilibrado, seguro y orientado a la realización del interés general”, puntualiza la entidad estatal dirigida por Cielo Rusinque a través de un comunicado.