A ocho años de cárcel se expone un ciudadano al agredir a agentes de tránsito; ya hay equipo jurídico para demandar casos en Cali

El agente de tránsito Víctor Herrera – 529 en su chaleco – va camino a la Fiscalía para interponer una denuncia por el delito de violencia contra servidor público. Él hace parte de una estadística que dimensiona lo que está ocurriendo en las calles de Cali: 46 guardas de tránsito fueron agredidos por ‘ciudadanos’ entre 2024 y lo que va de 2025.

– Una compañera le pidió a un motociclista que se detuviera para verificar la documentación. Yo me acerqué y le dije al muchacho que apagara la moto. Él lo hace, me confié, y de repente la prendió y me la tiró encima. Caí al suelo después de tropezarme con los separadores de la ciclo ruta. Me golpee el hombro, el brazo y la pierna. Pese a eso, siguió acelerando la moto – dice Víctor.

Siete años atrás, el 16 de junio de 2018, le pegaron una puñalada. Sucedió en un puesto de control. Víctor detuvo a un motociclista, le dijo “caballero, por favor permítame los documentos”, y enseguida el muchacho se metió la mano al bolsillo. En lugar de la tarjeta de propiedad y el Soat, sacó un cuchillo que introdujo 15 centímetros en el pecho de Víctor.

Mientras se dirige a la Fiscalía, le pregunto por qué sigue siendo agente de tránsito si ha estado a punto de perder la vida.

– Porque me fascina. Sé que con mi labor salvo gente. No solo al hacer el control, sino que, literalmente, he salvado vidas. Recuerdo una señora que se accidentó en una moto. Nadie hacía nada, eran varios los accidentados. Cuando pasé por el sitio me gritaron ¡guarda, guarda!, y veo a la señora ahorcada por el casco. Pedí una navaja y le corté el cinturón del casco.

Hay varias hipótesis sobre por qué Cali es una ciudad donde algunos agreden a los agentes de tránsito, al punto que en ciertos casos el delito es una tentativa de homicidio, como una puñalada en el pecho.

Omar González es Oficial Senior de Control y Fiscalización de GRSP, aliado de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial. En su concepto, parte de la explicación a la violencia cotidiana contra los guardas está en que las consecuencias de atacar a un servidor público por lo regular no tiene mayores consecuencias para el agresor.

– Si lo abordamos en el marco de lo planteado en la Teoría de las Ventanas Rotas, se podría llegar a la conclusión que cuando se trasgrede la ley, en este caso, atacar a un servidor público, y no hay una consecuencia inmediata y ejemplar contra el agresor, es casi que una invitación tácita para que este tipo de conductas se repitan – comenta Omar.

Para evitar que eso suceda, que los agresores sigan impunes, es que Víctor se dirige a la Fiscalía. La Secretaría de Movilidad dispuso de un equipo jurídico que asesora a los agentes a la hora de denunciar a los agresores. Tal vez los ciudadanos no lo sepan, pero la violencia contra un servidor público – se lee en el artículo 429 del Código Penal – se paga con prisión de entre 4 y 8 años.

Por el momento, la Secretaría de Movilidad i está al frente de cuatro casos de guardas que fueron atacados y cuyos procesos están en etapa de conciliación. El abogado Gean Carlos Guerrero Villegas asegura que la decisión es no conciliar y en cambio seguir adelante con el proceso para lograr una sanción ejemplar, en algunos casos por violencia contra servidor público y en otros, dependiendo de los hechos, por tentativa de homicidio.

Camino a la Fiscalía, Víctor revela otra explicación de la violencia contra los agentes. La había mencionado el Secretario de Movilidad, Gustavo Orozco: han surgido supuestos veedores ciudadanos que, con información falsa, como que los puestos de control son ilegales, incitan a la violencia contra los guardas.

– Hay que revisar con lupa el trabajo de estos muchachos que dicen ser veedores. Está bien que hagan su labor, no que inciten a la violencia, deslegitimen nuestro trabajo y difundan información falsa en el sentido de que estamos abusando de la ciudadanía. La gente se cree esos cuentos y nos agreden, bajan los carros de las grúas, en los puestos de control estos veedores les dicen a los infractores que no les podemos inmovilizar los vehículos, cuando tenemos la autoridad – dice Víctor.

Tras el estallido social de 2021, en Cali surgieron grupos de veedores ciudadanos que dicen estar en defensa de los derechos humanos. Su veeduría, sin embargo, para ser legal, debe cumplir ciertas condiciones, como estar registrada ante la Personería y además, hacer veeduría en las áreas en las que se inscribieron. En ese sentido, los veedores de movilidad sí están facultados para hacer la labor.

Uno de los veedores que asegura estar ejerciendo control “contra los abusos de los guardas” pide que, por motivos de seguridad, no publique su v nombre, sino como figura en redes sociales: Emmanuel Osorio, Veeduría Esparta.

– Lo que más estamos haciendo son veedurías a los agentes de tránsito y policías por las irregularidades que comenten. Como un agente que le pidió a un ciudadano consignarle al Nequi para evitar un comparendo. No estamos de acuerdo con los infractores, pero tampoco con los abusos de la autoridad. Los retenes de la Secretaría de Movilidad son ilegales. Para eso tienen la tecnología, para verificar si un vehículo tiene el Soat y la Técnico-mecánica al día, pero no pueden detener la marcha de una moto o un carro ni hacer persecuciones, como lo están haciendo – dice Emmanuel.

Según la ley colombiana, los agentes de tránsito tienen la facultad de instalar puestos de control, con condiciones técnicas y de seguridad, como la debida señalización con vallas y conos. Solo si no se cumplen estas condiciones se puede determinar que un retén es irregular.

– El mensaje a los veedores es que, si consideran que un puesto de control no cumple con las normas, acudan a las entidades pertinentes para controvertirlo. Pero no pueden obstruir a la función pública de los agentes como lo han querido hacer o incitar a la violencia, porque es cuando se cae en vías de hecho – dice el abogado Gean Carlos Guerrero.

Otro factor que podría explicar parte de la violencia diaria contra los guardas de tránsito es la política. En días en los que se impulsa la revocatoria del alcalde Alejandro Eder desde algunos sectores, se estaría tratando de canalizar el descontento social por el aumento de los controles de la Secretaría de Movilidad y generar caos. También existen redes organizadas del transporte pirata que agreden a los guardas cuando los sancionan.

De otro lado, Cali es una ciudad furiosa, al límite de explotar, que no maneja sus emociones. Lo advierte Álvaro Pretel, subsecretario de Seguridad, con estadísticas en mano: 11.765 casos de violencia intrafamiliar en dos años, 2023 y 2024; 16 al día, según los registros del Observatorio de Seguridad; 8.354 riñas en el mismo periodo; 316 episodios de violencia contra servidores públicos.

– El pésimo manejo de las emociones en Cali se correlaciona con la violencia. Una investigación entre el Observatorio de Seguridad y la Universidad del Valle dio como resultado que entre un 40% y un 60% de las personas que cometen homicidios o son asesinados, han tenido comparendos de manera reiterativa. Es decir que hay problemas de convivencia muy altos que se relacionan con la violencia en las calles – comenta Álvaro.

Los guardas tienen a su disposición un equipo de psicólogos, entre ellos Lizeth Katherine Valencia Muñoz, quien, al día, atiende en promedio a cinco agentes en su consultorio.

– Con ellos se hacen talleres de manejo de crisis, de emociones, y un seguimiento individual y familiar. Los visitamos en sus casas, o en la clínica, cuando son agredidos y los incapacitan. En ellos se evidencia depresión, ansiedad, estrés postraumático. Algunos han presentado ideaciones suicidas. El caso más grave fue el de un agente que entró en una crisis emocional fuerte. En el salón empezó golpearse, le pegó a los asientos, a las mesas, ‘yo ya no puedo con esto, me quiero retirar’, decía. Es muy importante el seguimiento profesional – dice Lizeth.

Los veedores ciudadanos aseguran justo eso: que hay guardas que no controlan sus emociones y “se lanzan como arqueros” a detener motociclistas en fuga, o les lanzan conos. Aunque son minoría. Como los guardas que insisten en pedir plata a cambio de poner un comparendo. En la Secretaría de Movilidad hay cinco denuncias en este 2025.

– Los estamos investigando. El mensaje a la ciudadanía es que cualquier irregularidad, la denuncie. El problema es que cuando se le pide al denunciante rendir el testimonio, no comparece. En materia probatoria eso dificulta llegar a una sanción. Pero a los ciudadanos los vamos a escuchar porque queremos recuperar su confianza. Sin embargo, insistimos, no acudan a las vías de hecho – dice el abogado Gean Carlos Guerrero Villegas.

A la Alcaldía, que ha aumentado los controles a los motociclistas porque son los que más están perdiendo la vida en las calles, también le critican que no todo puede ser “garrote”, sino que es necesaria la ‘zanahoria’: campañas de cultura ciudadana que transformen los comportamientos de los conductores.

El líder de los taxistas, Jhonny Rangel, insiste en que es necesaria una cátedra de seguridad vial en los colegios. Que sean los niños los que desde temprana edad se aprenden a comportar en las calles.

Víctor Herrera, ya a punto de llegar a la Fiscalía, dice que quiere enviar un mensaje: el trabajo de los guardas se tránsito es garantizar la seguridad de todos. Inmovilizar una moto o un carro de quien no tiene el Soat vigente que cubra a las víctimas de un siniestro, por citar un caso, es prevenir una tragedia.

– Estamos al servicio de los ciudadanos y de su bienestar, no en contra.