CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, continuará en detención domiciliaria
El Gobernador de Antioquia es investigado por presuntas irregularidades en contratación registradas en su primer mandato.
La Corte Suprema de Justicia negó la libertad al Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y ratificó la medida de aseguramiento en su contra por las presuntas irregularidades en contratación durante su primer mandato como mandatario del departamento.
Gaviria, quien es investigado por los contratos para las obras de pavimentación y mantenimiento de un sector de la Troncal la Paz entre 2004 y 2007, respondió que, a pesar de la decisión de la Corte, él seguirá apelando a todos los instrumentos que le brinda la justicia.
En un comunicado de seis puntos, Gaviria afirmó que esa decisión lo llena de dolor. En lo que denomina como “injusticia”, el Gobernador agradeció los mensajes de solidaridad y apoyo que ha recibido en medio de esta decisión “son un bálsamo que llena de fortaleza y fe. Nunca he defraudado su confianza y nunca lo haré”.
El pasado jueves, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó que Aníbal Gaviria Correa seguirá privado de la libertad, en el marco del proceso en su contra por presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
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La medida rechazó una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento domiciliario, presentada por la defensa del mandatario departamental, en la que argumentó que en esta etapa de juicio no era necesaria la privación de libertad.
El político antioqueño fue recapturado por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en su despacho en la Gobernación de Antioquia el pasado 3 de marzo, según informó el ente investigador, después de valorar el recaudo probatorio en su contra.
En el comunicado, Gaviria Correa reiteró que se siempre ha respondido ante la justicia “y continuaré haciéndole, con el convencimiento absoluto de mi inocencia y transparencia de mis actos”.
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Dentro de su decisión de negar la libertad del gobernador, la Corte señaló que “no encuentra procedente la revocatoria de la medida de aseguramiento solicitada al no existir prueba que permita inferir que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la medida de detención preventiva ejecutada domiciliariamente”.
Además, se aclaró que contra la decisión tomada proceden los recursos de reposición y apelación de los que pueden hacer uso Gaviria Correa y su defensa.
Según expuso la Corte en el nuevo pronunciamiento, Gaviria Correa era el ordenador del gasto de Antioquia, como gobernador entre 2004 y 2007, y delegó en la Secretaría de Infraestructura Física para la integración y desarrollo la celebración de dicho contrato, pactado inicialmente en más de $41.663 millones con dos adiciones: una superior a $3.000 millones y otra de más de $16.000 millones.
“La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25 % del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29 %. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”, resaltó la Fiscalía en marzo pasado tras recapturar al gobernador.