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Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al secretario de Movilidad de Bogotá
La sanción también cobija a dos funcionarios más de la secretaría. El ente de control aclaró que se trata de un fallo de primera instancia.
El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo Suescún, fue sancionado con destitución e inhabilidad de diez años por “irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato para la implementación del Sistema de Semaforización Inteligente, SSI, de la ciudad”, informó este miércoles la Procuraduría General de la Nación.
“Bocarejo Suescún no ejecutó las acciones que estaban dentro de la órbita de sus competencias para asegurar el cumplimiento de los principios que regulan la contratación estatal, con lo que incumplió su obligación de dirigir y liderar ese proceso de licitación”, explicó en un comunicado el ente de control, que aclaró que se trata de un fallo de primera instancia.
El ministerio público añadió que la sanción también cobija a la directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, Carolina Pombo Rivera, y a la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) July 24, 2019
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La Procuraduría argumentó que “hubo falta de planeación en la etapa precontractual, pues la secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos, compatibles con nuevas tecnologías y avaluados en más de 13.912 millones de pesos, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor”.
El ente de control añadió que la cartera inició el proceso de licitación y lo llevó hasta la adjudicación del contrato sin tener diseñado el sistema de comunicaciones del SSI, necesario para su funcuionamiento, “lo que demuestra que existía una clara posibilidad de que se iniciara su ejecución sin contar con ese apoyo tecnológico”.
La conducta de los tres funcionarios fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo, pues “esa situación genera una serie de riesgos de orden operativo, económico y hasta jurídico, que son consecuencia de la falta de planeación en la contratación del SSI”.
El fallo de primera instancia puede ser apelado por los sancionados. Al respecto, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señaló que está convencido que su secretario “actuó correctamente” y aseguró que confía que la apelación será favorable a Bocarejo.
Estoy convencido que Juan Pablo Bocarejo actuó correctamente. Confío en que su apelación será analizada positivamente por la Procuraduría
— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) July 24, 2019
No ha habido ninguna acusación de corrupción a Juan Pablo Bocarejo. La decisión de la Procuraduría se basa en una apreciación de errores técnicos, que respetamos pero no compartimos y que será apelada
— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) July 24, 2019
