Procuraduría formula cargos a exdirectivos de Colpensiones por presuntas irregularidades en contratos

La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra los exvicepresidentes de Gestión Corporativa de Colpensiones María Elisa Morón Baute (2019 - 2024) y Wilson Fernando Melo Velandia (2023), por autorizar adiciones superiores al 50 % del valor inicial de dos contratos de prestación de servicios, porcentaje que está prohibido por la Ley de Contratación.

Como se recordará, esa norma establece que ningún contrato firmado por el Estado -en sus diferentes niveles territoriales- puede presentar adiciones que superen la mitad del valor inicial.

En el primer caso, los entonces funcionarios son señalados de firmar, cada uno, un otrosí donde autorizaron adiciones que, sumadas a otras concedidas previamente, excedieron ese porcentaje.

El contrato fue firmado inicialmente por $41.296 millones, y estaba destinado a la vinculación de personal al Centro de Atención Telefónico de Colpensiones.

En el segundo caso, Morón Baute suscribió dos otrosíes autorizando adiciones que al acumularse superaron el 50 % del valor inicial de un contrato suscrito por 32.700 millones de pesos.

Dicho contrato, según Colpensiones, tenía como objeto la incorporación de trabajadores en misión, que se realiza a través de empresas de servicios temporales.

El Ministerio Público explicó que los investigados vulneraron el principio de moralidad dado que, “aparentemente, aumentaron los valores de los citados bilaterales por un monto más allá del límite permitido por el estatuto de contratación estatal, contrariando los deberes que les imponían sus cargos en virtud para comprometer y ordenar el gasto, así como celebrar los contratos y convenios necesarios para el buen funcionamiento de la administradora”.

El órgano de control calificó provisionalmente estas conductas como faltas graves cometidas con culpa grave.

Este es el primer caso en el que funcionarios de Colpensiones comparecen ante los organismos de control o la justicia, desde lo ocurrido en junio del año pasado, cuando la misma María Elisa Morón Baute fue llamada a juicio por la Fiscalía General luego de ser acusada de presunto direccionamiento de un contrato destinado a la defensa jurídica de la entidad.

Según los documentos, además de supuestamente entregar el contrato a dedo a una empresa, Morón habría influido en el aumento injustificado del monto, que pasó de 4.142 millones a 12.455 millones de pesos.

Dicho contrato, que fue adjudicado a la firma Lupa Jurídica SAS, buscaba proporcionar apoyo en la representación jurídica de Colpensiones.

Carlos Orozco, fiscal a cargo del caso, presentó en su escrito de acusación pruebas que apuntarían a que María Elisa Morón Baute permitió la salida de casi $ 8.300 millones adicionales al contrato original, sin cumplir con los procedimientos y recomendaciones necesarias.